LA PATRIA | MANIZALES 

Medida de detención preventiva en su domicilio le dieron en la mañana de este viernes a Gustavo  Rojas Rodríguez, funcionario de la Alcaldía de Chinchiná, señalado del posible delito de concusión por, al parecer, exigirles dinero a comerciantes informales del municipio para no quitarles sus negocios y para renovarles los permisos, informó el abogado de víctimas Adolfo Tovar.

"Gracias a todos los ciudadanos que se animaron a denunciar. Faltan más", indicó.

El juez del caso le solicitó al implicado que se presente en la tarde de hoy a su despacho, con el fin de firmar el acta de compromiso y  recibir la boleta de detención. En caso de no comparecer, se libraría una  orden de captura en su contra.

El funcionario fue denunciado por, al parecer, cobrar sobornos en el comercio de Chinchiná. Exigía entre $100 mil y $2 millones por tramitar en la Alcaldía registros de sanidad, uso del suelo y hacer otros trámites. Unas 10 personas se habrían visto afectadas con su actuar.

Se conoció que en febrero de este año al parecer le exigió a una vendedora de arepas $2 millones por tramitarle el uso del suelo a su negocio. El implicado le  pidió además a la denunciante tener al día el carné de manipulación de alimentos, el Registro en Cámara de Comercio y hacerse unos exámenes médicos o de lo contrario le cerraría el negocio.

Este proceso no quiere decir que el funcionario público sea culpable. Será un juez quien determine si es o no responsable del delito que le atribuyen. Lo cobija la presunción de inocencia.