¿Cuál es la intención de los nombramientos que hizo el presidente Petro, de ubicar a dos señalados exalcaldes: Daniel Quintero, de Medellín, y Jorge Iván Ospina, de Cali, en altos cargos del sector salud en Colombia? Quintero, como superintendente Nacional de Salud, y Ospina, como un nuevo interventor de la descuadernada Nueva EPS. Muy delicado para lo que resta de este Gobierno, pero sobre todo para el país, porque en tres meses y medio pueden seguir ocurriendo exabruptos y tomando decisiones más nefastas para terminar de lesionar por completo a este sector.
Sí es potestativo del presidente nombrar a quienes lo acompañen, pero si el motivo era ubicar en estos cargos a personas que lleguen a aportar a la mejora de procesos y a tener resultados efectivos de cara a proteger la salud de los colombianos, pues a todas luces es una decisión equivocada, y más bien, como se ha considerado, tiene mucho que ver con el pago de favores políticos de cuando fueron controvertidos y denunciados mandatarios, que siempre han actuado como escuderos petristas, pero pocón de contar con la experiencia técnica y el conocimiento del sistema de salud.
Quintero, ingeniero y empresario, está imputado por la Fiscalía y un juez por el delito de interés indebido en la celebración de contratos cuando fue alcalde de Medellín, cargo que le pudo haber dejado un somero aprendizaje en esta área, pero en la que ni siquiera le fue bien en su Administración. Lo que urge es un organismo que de verdad cumpla con vigilar, controlar y regular los servicios de salud, y Quintero sería un superintendente que llegue a conocer y a aprender de esta área, y los tiempos no dan para esos menesteres.
Ospina, que es médico y político, también enfrenta por lo menos 11 investigaciones judiciales por presunta corrupción cuando estuvo como alcalde de Cali; había sido designado embajador de Colombia en el Estado de Palestina, nombramiento que fue derogado porque se dejó vencer el plazo para presentar cartas credenciales. Ahora llega por determinación del presidente como el quinto agente interventor de la Nueva EPS desde el 2024, la más grande del país con 11 millones de usuarios, y aunque promete que no será liquidada y que continuará prestando servicios tendrá que superar las más fuertes dificultades operativas y financieras de su historia, como el pago de millonarias deudas y la reorganización administrativa.
Los dos son exalcaldes severamente cuestionados en su integridad, lo que no es prenda de garantía para resolver el berenjenal en el que el Gobierno nacional tiene sumida la salud del país desde ninguno de sus organismos y entidades. No pueden llegar a estos cargos solamente por haber sido incondicionales al presidente Petro, en una especie de premio y antes de que concluya el Gobierno. La salud en Colombia necesita de funcionarios dignos, rectos, transparentes, sin enredos ni acusaciones judiciales, del más amplio conocimiento y capacidades porque a lo que se tienen que enfrentar no es nada fácil y exige dedicación plena, pero ninguno de los dos reúne estos requerimientos.