Ejercer un periodismo serio, ético, riguroso, de profundidad, se volvió muy difícil en Colombia a pesar de que resulta claro el rol fundamental en el desarrollo de toda democracia, al ser portador del estandarte del derecho a la información y a la libre expresión. Pero los hechos dan cuenta de que se prefiere ignorar el papel crucial que cumplen los periodistas para una sociedad.
Nos unimos al rechazo a las declaraciones que hizo el 30 de agosto el presidente, Gustavo Petro, en medio de la posesión de Iris Marín, como defensora del Pueblo, al referirse a las periodistas como “muñecas de la mafia”. Maltratar mujeres en la posesión, por primera vez, de una mujer como Defensora del Pueblo, además de indignante, es de una incoherencia tal que no se espera siquiera de un político. Y que el protagonista sea el presidente, es casi que frustrante. Además, que lo haga contra periodistas en ejercicio en un país en el que su profesión está catalogada de alto riesgo es una irresponsabilidad mayúscula. Más allá del contexto en el que lo haya dicho, nos unimos además al criterio de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP): “Calificar y reafirmar que hay comunicadoras al servicio de poderes oscuros perpetúa los estereotipos de violencia contra estas profesionales”.
El presidente debería medirse; es el mandatario de todos los colombianos, su deber es protegernos, y eso le implica abstenerse de usar apelativos que profundizan la estigmatización, el riesgo y la vulnerabilidad a todas las mujeres periodistas, más en estos momentos de polarización política y social. Periodistas, hombres y mujeres, hay buenos y malos; eso lo deben resolver otras instancias, no el presidente, pero la gran mayoría se esfuerza por hacer un buen trabajo. Muy flaco favor el que le hace a una profesión rodeada de violencias. La FLIP habla de 171 casos de agresiones contra mujeres periodistas entre 2023 y 2024, además de los periodistas que han perdido la vida por razones del oficio. La Unesco y el Centro Internacional de Periodismo publicaron en el 2020 una encuesta a 714 mujeres periodistas, hallando que el 73% había sufrido violencia digital, y como consecuencia el 30% aseguró autocensurarse y el 20% haber dejado de interactuar en línea. ¿Cómo estarán estas cifras hoy en medio de tanto ataque digital?
Si el presidente Petro sabe y tiene pruebas de que hay periodistas que reciben órdenes de organizaciones ilegales o al margen de la ley, es su obligación denunciarlos. Si tiene evidencias de faltas a la ética, se debe hablar de ello con los lenguajes apropiados y ante instancias correspondientes. Pero lanzar juicios y calificativos de tal calibre, que muy fácilmente pueden entenderse como una instrucción a actuar en contra de las personas implicadas, es altamente peligroso.

Tampoco debería el presidente ser intolerante a la crítica, es lo normal en un periodista, antes, ahora y lo seguirá haciendo como parte de su función. Más bien el Gobierno debería estar brindando garantías para que ninguna mujer periodista, por su género ni por su oficio, estuviera expuesta a algún tipo de violencia en sus entornos. Muy seguramente el país preferiría ver al Gobierno enfocado más bien en estrategias como la del Fondo NoEsHoraDeCallar, para la protección a mujeres periodistas y comunicadores víctimas de violencia.