Empezaron a regir en Colombia las leyes Ángel y Lorenzo, luego de que el presidente Petro las promulgó el miércoles. Van dirigidas a la protección de animales y se basan en casos reales de maltrato en el país contra perros que llevaban estos nombres y que se convirtieron en la base y el símbolo para que el Congreso las aprobara en su trámite legislativo que concluyó en febrero. Según cifras reveladas por los ponentes de estas leyes, de 15 mil 500 denuncias que llegaron a la Fiscalía por maltrato animal desde el año 2016, hasta ahora han sido condenadas 212 personas; es decir solamente el 1,4%.

La Ley Ángel o 2455 hace más severas las sanciones a personas que sean condenadas por maltrato o que cometan actos violentos contra animales. Dejan de ser delitos excarcelables. Promueve acciones que garanticen la investigación de estos casos y los prevenga a través de la sensibilización. Quienes maten con dolo a un animal, lo lesionen gravemente o lo abusen sexualmente serán castigados con prisión mínima de cuatro años, y las multas ascienden, pasando de 5 a entre 15 y 30 salarios mínimos si hay lesiones graves, y de 30 a 60 salarios en caso de muerte. La Ley Lorenzo o 2454 promueve el desarrollo de tecnologías para ir sustituyendo progresivamente el uso de perros en labores de vigilancia privada y seguridad.

A través de estas medidas se les pone freno a los que tratan con crueldad a los animales domésticos o a los que los emplean en trabajos urbanos y rurales abusando de ellos. Por fortuna en Manizales se erradicaron desde el 2013 los vehículos de tracción animal, y del resto de municipios de Caldas, hasta agosto del año pasado solo faltaba Viterbo por sumarse a esta medida y tener el departamento completo libre de esta práctica que forzaba a los equinos a realizar duros trabajos y se mantenían en condiciones de salud deplorables en la mayoría de casos.

Desde nuestra perspectiva, se debió incluir en el articulado la prohibición explícita del entrenamiento de perros de razas potencialmente peligrosas para atacar, lo cual es un hecho repetitivo en muchas ciudades, incluyendo las nuestras en Caldas. En el contexto de las nuevas normas, las autoridades deben hacer todo para disponer de una mayor capacidad de control y hacer cumplir las normas que ya existen, dentro de las que se destaca la obligatoriedad de los tenedores de perros de razas peligrosas para que en espacios públicos sus mascotas permanezcan con bozal y traílla o correa, como medida para evitar accidentes indeseables.

La Ley Lorenzo hace una discriminación difícil de entender, pues obliga a la vigilancia privada a sustituir sus canes, pero nada dice de aquellos empleados por la Fuerza Pública en antinarcóticos y antiexplosivos. Las leyes Ángel y Lorenzo son un avance en el sentido correcto, que deja en evidencia la necesidad de regular otras actividades como el coleo y las peleas de gallos en el país que al parecer gozan de buen apoyo político. Hasta que ganemos en coherencia en nuestro país.