La Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la Alianza Democralat y la Corporación Cívica de Caldas revelaron los resultados del estudio Contralorías departamentales: el costoso adorno de la descentralización, que confirman lo que desde tantas orillas se ha planteado insistentemente como una necesidad en Colombia para reestructurar las contralorías o eliminarlas. Se infiere de este ejercicio que es más costoso para el país mantenerlas que suprimirlas, ya que los alcances de estos organismos en el control fiscal efectivo a los entes del sector público siguen siendo bastante precarios.
El informe expresa que de una inversión que ha hecho el Estado en los últimos cinco años, tasada en por lo menos $858 mil millones en las 32 contralorías departamentales del país, el dinero que estas han recuperado por concepto de procesos de responsabilidad fiscal, que es su razón de ser, no supera los $53.635 millones; suma que representa una escasa proporción de 6,25% del presupuesto asignado, porque el grueso de los recursos está siendo usado significativamente en gastos de personal y de funcionamiento.
Pensar que además existen otras 30 contralorías municipales, 4 distritales y la Contraloría General de la República como rectora y también con sedes en los territorios, demuestra que este organismo se fue convirtiendo en un ente más generador de burocracia, que los resultados que puede mostrar. Eso está haciendo mucho más costosa una operación que podría ser asumida por el nivel central o a través de otros organismos o instancias del Estado que se encarguen de vigilar la administración de los recursos públicos bajo criterios de eficiencia y eficacia, pero algunas contralorías se dejaron permear por la política, iniciando en la elección de los contralores.
El caso de la Contraloría Caldas ocupó un espacio especial en este estudio, mostrando que de las auditorías a alcaldías, hospitales e institutos descentralizados, mientras en el 2020 hubo 61 hallazgos fiscales, de los cuales 45 resultaron en la apertura de procesos, se fueron reduciendo hasta llegar a 24 en el 2023. Los hallazgos administrativos también bajaron, con un alto porcentaje de procesos archivados y un bajo número de sanciones efectivas. Hay una advertencia porque se encontraron gastos considerables en actividades de bienestar y recreación, además de presuntos vínculos de contratistas con entidades públicas y políticos. Todo esto que debe supervisar la Auditoría General de la República.

Hay lentitud en los procesos para identificar y sancionar acciones dolosas o culposas, a pesar de que en las 32 contralorías departamentales se contabilizan 1.576 funcionarios, que en el quinquenio medido realizaron 12.469 acciones de responsabilidad fiscal, pero solo emitieron 1.253 fallos en todo el país. Las contralorías deben estar para frenar la corrupción, aunque muchas se han convertido en brazos aliados de los gobiernos y los políticos de turno y por eso es poco lo que logran en su función de vigilancia. El esfuerzo estatal en la Constitución de 1991 para crear las contralorías no se está viendo compensado, por eso se debería impulsar una reforma que logre eliminar todos los males que están impidiendo el control fiscal y administrativo de lo público.