Varias vías del país están colapsadas por el aumento de $1.904 en el precio del galón de ACPM que rige desde el 31 de agosto. Hay bloqueos totales e intermitentes en corredores viales urbanos y rurales del territorio nacional, que ponen en riesgo la dinámica económica y social. Fuera de los retrasos en la movilización de pasajeros y de productos y mercancías, una mujer falleció el lunes en Norte de Santander al requerir atención médica y no poder ser trasladada. Situaciones como esta son las que se tienen que evitar a toda costa, porque la vida está por encima de cualquier otra consideración.
El incremento en los precios de los combustibles es una medida del Gobierno nacional que hay que ver desde diversas ópticas, muy contradictorias. Las tarifas se fijaban aplicando desde el 2007 subsidios a través del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) para que la inestabilidad en los precios del petróleo a nivel mundial no se trasladara a los consumidores. El FEPC fue acumulando un déficit, que el gobierno de Iván Duque saneó en parte, pero no alcanzó a tapar el hueco fiscal y para el 2021, con la pandemia, se volvió a incrementar. Intentó desmontar los subsidios aumentando precios, pero tuvo que suspender la medida porque la respuesta fue el estallido social en Colombia.
Llegó el Gobierno Petro en agosto del 2022 y empezó a aplicar incrementos en el galón de gasolina, que pasó de un promedio nacional de $9.180 en el 2023 a $15.576 en la actualidad, un alza de $6.396. Pero el Gobierno Petro cometió el grave error de no haber comenzado a aplicar también los incrementos en el ACPM y ahora tiene que poner al día este combustible para equilibrar las finanzas nacionales. Si lo hizo como una medida populista para quedar bien en su momento con el gremio del transporte de carga y de pasajeros, ahora debe asumir estas consecuencias.
Han sido muchos meses con los precios congelados. El Gobierno debe entrar a resolver esta situación negociando una salida viable con los transportadores, escuchando sus propuestas, pero sobre todo que en este problema no se repita lo que les ocurrió a los 45 mil taxistas del país, a quienes hace un año -el 25 de agosto- el Gobierno les prometió el pago de subsidios a la gasolina para mitigar el efecto alcista en los precios de este combustible y al sol de hoy ninguno de ellos ha recibido un solo peso. Cualquier cosa que se pacte debe ser seria y cumplirse.

Era ineludible desmontar los subsidios a los combustibles, y lo tenía que hacer el gobernante que llegara sin que se convirtiera en motivo de ataque, pero de lo que tiene que ser consciente el Gobierno Petro es que tuvo que haber hecho esto al mismo tiempo con todos los combustibles para no estar sufriendo con alzas que seguramente impactarán en los precios de los productos y eso representa seguir trasladando el problema a los bolsillos de los consumidores, además de golpear el inicio de la anunciada reactivación económica que tanto se necesita. Pueda ser que todos apelen a la sensatez y se logre superar la situación evitando al máximo continuar afectando al país.