Jóvenes sin empleo, adultos sin pensión

Hay una escena que se repite en muchas familias colombianas, la del hijo que termina la universidad y no consigue un trabajo estable, y el padre o el abuelo que trabajó toda la vida, pero no tiene pensión. Dos generaciones distintas, el mismo problema de fondo. Las cifras ayudan a dimensionarlo. Hoy, en Colombia, según datos del DANE, hay 23,2 millones de personas ocupadas; pero, a enero de este año, había aproximadamente 2,8 millones de personas desempleadas. El desempleo juvenil supera el promedio nacional: 10,9% en enero pasado. Para el trimestre móvil de noviembre 2025 a enero 2026 la tasa de desempleo juvenil en Colombia (personas entre 15 y 28 años) se ubicó en 15,3%, en un mercado que exige experiencia, pero no da la oportunidad de adquirirla. Son salarios que apenas alcanzan y, aunque el sueldo suba en el papel (este año aumentó 23,7% por decreto), existe el riesgo de que ese incremento también termine generando más desempleo. Los precios de los productos básicos también suben, neutralizando el beneficio por la pérdida del poder adquisitivo. Además, a nivel nacional, la tasa de informalidad laboral superó el 55% en enero pasado; es decir, más de la mitad de los trabajadores no cotizan de manera formal a pensión. Ahí empieza el verdadero problema. Porque mientras los jóvenes luchan por entrar, millones de adultos mayores viven la consecuencia de décadas de informalidad, apenas una minoría logra pensionarse; el resto depende de subsidios estatales que alivian, pero no reemplazan una seguridad construida con una cotización formal. En este contexto, el Gobierno ha ampliado el apoyo al adulto mayor, presentándolo como una gran transformación social. Es cierto que los montos y las coberturas han cambiado, pero también es cierto que los subsidios a la vejez no nacieron en este Gobierno. El programa de apoyo económico a los adultos mayores sin pensión en Colombia es Colombia Mayor, que fue creado en el año 2003 durante el Gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, hay otro elemento que merece una conversación más honesta; el crecimiento del Estado como empleador en los últimos años ha aumentado en contratación pública, especialmente a través de órdenes de prestación de servicios. Miles de personas trabajan bajo esta modalidad, sin garantía de permanencia, sin estabilidad real, sin carrera administrativa; técnicamente están ocupados, pero su vínculo depende del presupuesto anual y de decisiones políticas. El riesgo es que parte del crecimiento en la ocupación pública no responde a un cumplimiento estricto de perfiles y a un aumento sostenible de productividad, sino a una expansión burocrática que puede reducirse con un cambio de gobierno o con un ajuste fiscal. Si eso ocurre, muchos de esos puestos desaparecerán tan rápido como fueron creados. Y mientras tanto, el sector productivo sigue sin absorber plenamente a los jóvenes, el resultado es una paradoja; más gasto estatal, pero la informalidad persiste y la base de cotizantes no crece lo suficiente como para sostener el sistema pensional a largo plazo. La discusión de fondo no es si debe haber subsidios ni si el Estado debe contratar; claro que el Estado cumple un papel esencial; la pregunta es si el modelo económico está generando empleo formal y productivo en el sector privado, que es el que sustenta las finanzas públicas de manera estructural. Colombia no puede resignarse a tener jóvenes que buscan futuro afuera y adultos mayores que dependen de un auxilio para sobrevivir; entre ambos hay un hilo conductor, la calidad del empleo. Mientras discutimos reformas, tres de cada cuatro adultos mayores siguen sin pensión; ese es el país real.