Colombia enfrenta un profundo reto en materia de confianza gubernamental, la ciudadanía expresa reparos frente a la manera en que operan las entidades del Estado, una situación que debilita la democracia y reduce la calidad del debate público, necesario para construir colectivamente las soluciones que el país requiere.
Mediciones sobre la favorabilidad de la institucionalidad pública, como el Panel de Opinión de Cifras & Conceptos de septiembre del 2025, evidencian una amplia brecha de legitimidad, en la que, la Presidencia de la República y el Congreso se ubican entre las entidades con mayor desaprobación, una situación que invita a una reflexión especial, más aún cuando el país acudirá el 8 de marzo a una nueva elección legislativa. Y aunque resulte reiterativo afirmar que “estas elecciones son decisivas”, en esta ocasión el foco es claro, recuperar la confianza de las comunidades en las organizaciones políticas.
Una condición clave para reconstruir la confianza es la coherencia entre el discurso político y las competencias reales de la representación legislativa, esta no se fortalece con promesas de soluciones mágicas, ni con compromisos sin sustento normativo y fiscal; cuando las campañas se apoyan en expectativas imposibles, el resultado suele ser predecible, frustración social, descrédito institucional y una persistente sensación de engaño.
Recuperar la confianza exige elevar el estándar del debate público con propuestas legislativas viables, control político serio, capacidad de construir acuerdos y comprensión rigurosa del funcionamiento del Estado.
En esta elección existe una responsabilidad ineludible con el departamento. Caldas necesita una representación a la Cámara capaz de convertir las necesidades del territorio en una agenda pública consistente y efectiva, el reto está en priorizar con principio de realidad, criterio técnico y ambición posible para impulsar proyectos estratégicos, defender iniciativas regionales, articular esfuerzos entre actores y proyectar una visión de futuro que trascienda el corto plazo.
El departamento requiere vocerías con liderazgo, integridad ética y verdadera capacidad de incidencia; representantes que comprendan los problemas estructurales del territorio y, sobre todo, sepan legislar y gestionar para convertirlas en acciones concretas para establecer acciones orientadas a mejorar el bienestar de la población, dinamizar la economía regional, fortalecer el tejido social y consolidar una apuesta seria por la sostenibilidad ambiental.
Los candidatos conocen bien el ambiente de apatía, cansancio ciudadano y baja tolerancia al error; por esta razón, esta elección debe convertirse en un punto de inflexión para mejorar prácticas políticas, fortalecer procesos de gobernanza, consolidar prácticas de transparencia y exigir con mayor rigor resultados verificables a quienes lleguen al Congreso.
La confianza no se recupera con discursos emotivos, promesas grandilocuentes, ni visitando a los municipios solo en la época electoral, se recupera con representantes que cumplan, rindan cuentas, respeten su rol institucional y vuelvan a conectar el Congreso con la vida cotidiana de los territorios.
Caldas y el país requieren un voto informado, responsable y consciente, más que un derecho democrático debe ser un instrumento de transformación institucional, en esta elección, saber elegir no es una consigna que se repite cada cuatro años, es una condición necesaria para recuperar la confianza y generar desarrollo desde los territorios.