En Neira (Caldas) un campesino para el 2025 tenía su propiedad de 8.07 hectáreas avaluadas en más de $17 millones; con la actualización catastral, que se llevó a cabo en el país, esas 8.07 hectáreas pasaron a costar $175 millones, una cifra que para muchos puede ser llamativa por la valorización del terreno, pero que a largo plazo se convertirá en un dolor de cabeza para el propietario de una tierra, cuya plata está todos los días al sol y el agua.
A ver les explico, por tener esa tierra y producirla, el mismo campesino pasó de pagar en el 2025 por el impuesto predial $225 mil 600 a $2 millones 269 mil 432, un valor muy elevado teniendo en cuenta que la valorización de sus 8.07 hectáreas no le aseguran mayor ingreso.
No estoy en contra de la actualización catastral ni del ajuste. Modernizar la información territorial es necesario para combatir el rezago institucional y ordenar el territorio. El problema aparece cuando esa modernización termina castigando al más débil. Cuando el catastro deja de ser una herramienta técnica y se convierte en una carga imposible de sostener para quienes apenas logran sobrevivir.
El asunto que discutimos en la Asamblea de Caldas es que esa actualización, del rezago catastral, y como bien lo expresó la directora territorial del IGAC, no se fundamentó con un estudio que reflejara la capacidad de pago del campesino. No se valoró si al aumento desproporcionado también se mejoraron sus vías para sacar sus productos; si a la misma medida también se aumentaron los subsidios del Estado para apoyarlos en la producción, y si de igual forma mejoró su comercialización.
Hoy estamos cometiendo un grave error: medir el valor de la tierra únicamente con lógica de mercado inmobiliario a partir de una decisión tomada desde los escritorios de Bogotá por un burócrata que desconoce totalmente la realidad del territorio. Qué sorpresa esa falta de visión, de un Gobierno que dice que aplica la justicia social cuando lo que está haciendo es ahorcando y asfixiando a nuestros campesinos. Bien dicen que esa valorización ficticia de papel no genera un gramo más de café al productor o un litro de leche al ganadero o más aguacate al aguacatero; por el contrario, lo que sí genera es una brecha cada vez más profunda entre la visión burocrática del territorio y la realidad de quienes sobreviven trabajando la tierra.
Y este no es un problema que pueda resolverse desde la Asamblea de Caldas. La solución la tienen los alcaldes y los concejos municipales, que de manera rápida y oportuna podrían tramitar un proyecto de acuerdo que modifique las tarifas actuales, estableciendo unos rangos de cobro, de acuerdo con el número de hectáreas; de tal modo, que en el rango inferior, que según la ley, es el 5 x 1.000 estén los predios de 0 a 10 hectáreas y así, sucesivamente se incremente el rango y se apliquen unas tarifas diferenciales.
Porque detrás de cada hectárea no hay solamente cifras. Hay familias enteras resistiendo, madrugando y sembrando para sostener este país. Y si seguimos convirtiendo al campesino en víctima de decisiones tomadas lejos de su realidad, llegará el día en que el campo colombiano no se quede sin tierra valorizada, sino sin quienes quieran trabajarla.