Han pasado meses de respuestas evasivas, silencios administrativos y explicaciones incompletas. Y mientras tanto, empiezan a aparecer documentos que plantean preguntas cada vez más graves sobre lo ocurrido con el inmueble patrimonial de la calle 22 No. 20-18 a 20-26, en pleno Centro Histórico de Manizales.
Porque hoy ya sabemos algo que cambia completamente la historia oficial:
El problema no comenzó con el incendio.
Mucho antes de la tragedia de diciembre del 2024 la Alcaldía ya conocía el deterioro del inmueble y ya existía un proceso formal de amenaza de ruina.
Los documentos son claros:
- 19 de marzo de 2024: la Inspección Novena Urbana de Policía ordena una investigación preliminar.
- 3 de mayo de 2024: la Unidad de Gestión del Riesgo realiza visita de inspección.
- 2 de julio de 2024: la Inspección Novena remite al Ministerio de Cultura un “Proceso de Amenaza de Ruina”.
- 4 de julio de 2024: se envía formalmente al Ministerio el Expediente No. 2023-7888.
Es decir:
Cinco meses antes del incendio, la Alcaldía ya sabía que el inmueble presentaba una situación grave.
Entonces, señor Alcalde, las preguntas ya no son menores.
¿Por qué el inmueble seguía funcionando normalmente?
¿Por qué continuaban operando residencias y locales comerciales dentro de una edificación sometida a proceso de amenaza de ruina?
¿Por qué seguía entrando y saliendo gente?
¿Por qué no hubo medidas efectivas de protección?
¿Por qué no hubo cierre real?
¿Por qué no hubo evacuación definitiva?
¿Por qué el inmueble permaneció ocupado hasta terminar incendiándose?
Y aunque la víctima falleció semanas después del incendio, la pregunta institucional sigue siendo inevitable:
¿Cómo llegó la ciudad a una tragedia humana en un inmueble que ya estaba bajo conocimiento institucional por amenaza de ruina?
Porque ya no estamos hablando simplemente de patrimonio. Estamos hablando de prevención, de control, de gestión del riesgo, de responsabilidad institucional. Y resulta imposible ignorar otro hecho profundamente inquietante:
El decreto de demolición prácticamente reconstruye la historia como si todo hubiera comenzado con el incendio.
Pero ahora sabemos que eso no es cierto. El deterioro era previo. La amenaza de ruina era previa. Las actuaciones oficiales eran previas. La remisión al Ministerio era previa.
Entonces, señor alcalde:
¿Por qué su Administración omitió en la narrativa pública toda la etapa anterior al incendio?
¿Por qué no se explicó que existía un proceso de amenaza de ruina desde meses antes?
¿Por qué no se informó a la ciudadanía que el Municipio ya tenía conocimiento formal del deterioro estructural?
Y todavía hay algo más grave.
Mientras hoy se intenta justificar la demolición bajo la tesis de una “urgencia” o “inminencia”, la propia documentación demuestra que el problema llevaba meses bajo conocimiento institucional. Eso cambia completamente la discusión. Porque ya no parece una emergencia súbita e inevitable. Empieza a parecer el resultado de un deterioro progresivo conocido por las autoridades, mientras el inmueble seguía siendo ocupado y explotado económicamente.
A la fecha, además, el señor alcalde no ha respondido de fondo las preguntas formuladas mediante derecho de petición.
La ciudad merece respuestas completas, no evasivas, no reconstrucciones parciales, no silencios administrativos.
Manizales tiene derecho a saber:
- Qué sabía la Alcaldía.
- Desde cuándo lo sabía.
- Qué hizo realmente.
- Y por qué no evitó que todo terminara en incendio, tragedia humana y demolición de bien patrimonial.