Centro Histórico de Manizales: demasiadas preguntas sin respuesta
La pregunta central sigue siendo: ¿Existe hoy en Manizales una autoridad que asuma de manera clara y efectiva la protección del Centro Histórico?
Durante meses se habló del incendio. Se habló de riesgo. Se habló de ruina. Se habló de urgencia. Pero cuando se revisan los documentos oficiales y la secuencia de actuaciones, lo que aparece no es claridad. Es fragmentación, demora y contradicciones. 1. El incendio sí tuvo causa determinada Existe informe oficial del Cuerpo de Bomberos que concluye que el incendio fue accidental, asociado a fallas eléctricas. No fue un hecho indeterminado. Pero el incendio no es el único problema. 2. El deterioro era conocido antes del incendio En actuaciones administrativas se reconoce que el inmueble presentaba agrietamientos e inestabilidad estructural antes del siniestro. En el 2023 la Secretaría de Salud realizó visita y habría ordenado sellamiento por condiciones sanitarias. Es decir, la Administración conocía la situación del inmueble antes del incendio. Entonces la pregunta es inevitable: Si el deterioro era conocido, ¿por qué no se activaron medidas preventivas estructurales antes? 3. Allí funcionaban dos residencias de estadía corta En el inmueble operaban dos establecimientos de “ratico”. El edificio estaba clasificado como N2B dentro del Conjunto Republicano declarado Bien de Interés Cultural. El Plan Especial de Protección establece reglas específicas sobre usos compatibles con la vocación patrimonial. ¿Ese uso era compatible con el PEP? ¿Existía concepto válido de uso del suelo? ¿Quién controlaba ese cumplimiento? Hasta hoy, Planeación y Cultura afirman que no ejercen control patrimonial y que el tema es “de policía”. Pero el control del uso del suelo y la aplicación del PEP no son exclusivamente asuntos de orden público. Son funciones urbanísticas y patrimoniales. Si nadie controla, la norma deja de existir en la práctica. 4. La “inminencia” que duró trece meses La demolición no se hizo mediante licencia ordinaria. Se invocó la figura excepcional de estado de ruina. Esa figura exige riesgo inminente. Pero entre el incendio (diciembre del 2024) y la decisión definitiva transcurrieron aproximadamente trece meses. Si el riesgo era verdaderamente inmediato: ¿Por qué pasó más de un año? ¿Por qué hubo tiempo para solicitudes al Ministerio? ¿Por qué la Junta fue informada después? La inminencia no puede extenderse indefinidamente. 5. ¿Quién era competente? Se afirma que se solicitó autorización al Ministerio de las Culturas y que no hubo respuesta. Pero no está claro si el Ministerio era la autoridad competente, tratándose de un inmueble clasificado N2B dentro de un conjunto BIC. Y si lo era, ¿por qué se actuó sin respuesta formal? En paralelo, la Junta de Patrimonio de Manizales fue “socializada” con la decisión de demolición el 11 de febrero del 2026. No fue un concepto previo. Fue una comunicación posterior. Socializar no es autorizar. Conclusión: Si Planeación dice que no controla. Si Cultura dice que no protege. Si la Policía actúa solo cuando hay crisis. Si el Ministerio no responde o no es competente. Si la Junta es informada después; entonces el problema ya no es un edificio, el problema es institucional. Porque el artículo 209 de la Constitución exige coordinación y responsabilidad administrativa y cuando todas las dependencias se declaran incompetentes, la omisión deja de ser individual y se vuelve estructural. Si seguimos así: - El PEP será letra muerta. - El patrimonio solo se recordará cuando haya incendios. - Las decisiones excepcionales reemplazarán la prevención. - La demolición será más fácil que la protección. Y el Centro Histórico perderá no solo edificios, perderá coherencia institucional. El patrimonio no se protege después de la crisis, se protege antes. La pregunta central sigue siendo: ¿Existe hoy en Manizales una autoridad que asuma de manera clara y efectiva la protección del Centro Histórico? Si la respuesta es difusa, el problema es más grande que una demolición y eso sí merece una discusión pública seria. El problema es que no hay con quién, y al señor alcalde poco o nada le interesan estos temas. Sus funcionarios hacen juegos malabares para escurrir el bulto mientras se destruye nuestro patrimonio casa por casa.