Movilidad a precio de deuda

¿En qué momento sacar una moto a crédito empezó a percibirse más barato que tomar el bus para ir a trabajar? La pregunta no es exagerada; exagerado es el bolsillo intentando sobrevivir en una ciudad donde ir al trabajo se volvió un lujo cotidiano. En Manizales, durante el 2026, las tarifas del sistema público en transporte colectivo y cable aéreo se ubicaron entre $3.000 y $3.350 y la carrera mínima en taxi quedó en $6.300. Una cifra que podría parecer inofensiva hasta que uno hace las cuentas reales con ida y vuelta diaria durante cinco días a la semana (y en muchos trabajos seis o más) que, para un salario mínimo, eso significa entregar entre el 12% y el 15% del sueldo solo en trayectos. Es decir, una parte notable de la jornada laboral se trabaja, literalmente, para pagar el derecho a llegar al puesto de trabajo. Una eficiencia definitivamente ofensiva. Y ahí entran en escena las motos. Para miles de hogares manizaleños son una respuesta económica desesperada, aunque nadie lo grite desde el balcón. La cuota mensual, más el ahorro brutal en tiempo y la liberación de no depender de buses abarrotados, termina siendo más digerible que pagar pasajes dobles para dos personas de una misma familia. Y, además, queda un bien tangible, algo propio que al menos en los papeles suma patrimonio familiar. No siempre se compra una moto por “afición a la velocidad”; muchas veces se compra porque el sistema te dejó sin alternativas. Por eso es tan cómodo celebrar la expansión del mercado de motos, el cual cerró el 2025 con uno de los desempeños más altos de la última década, según la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, con más de 1,1 millones de unidades vendidas. Y también celebrar las bicicletas como si fuera una transición ecológica gloriosa o una nueva conciencia ciudadana. Sería hermoso si lo fuera. Las bicicletas son una joya, siempre que la ciudad las trate como aliadas y no como molestias decorativas. Pero la verdad que incomoda es otra. Mucha gente no está eligiendo conscientemente entre caminar, pedalear o acelerar, está eligiendo entre endeudarse o quedarse varada en su barrio esperando un bus que debió pasar hace 15 minutos. ¿Y las autoridades? Hablan de planes integrales, de modernización del sistema, de subsidios futuros. Mientras tanto, el manizaleño promedio resuelve con lo que tiene: crédito, manubrio y casco. Una ciudad de tanto orgullo debería preguntarse si realmente quiere que sus trabajadores gasten tanto solo para poder trabajar. Tal vez convendría pensar el transporte público como un derecho básico y no como una lotería diaria. En ciudades donde movilizarse es condición indispensable para trabajar, estudiar y cuidar a la familia, el Estado debería asumir que ese costo no puede recaer únicamente sobre el ciudadano. Porque una ciudad que obliga a pagar tanto solo para llegar al trabajo no está resolviendo movilidad, está administrando cansancio, frustración y deuda. Y eso, por más que lo quieran vender como progreso inevitable, tiene más de ironía tarifada que de solución urbana.