El 24 de julio del 2023 publiqué en La Patria una columna titulada Nuestra Ley de Herodes. Allí subrayaba tres elementos que hoy vuelven a cobrar vigencia: la persistencia social del popular “calle boca” frente a conductas inmorales; la reflexión de Victoria Camps en Breve historia de la ética sobre la prudencia y la sabiduría como virtudes indispensables para obrar bien; y la figura de Juan Vargas, protagonista de la película mexicana La Ley de Herodes, quien descubre en el poder la herramienta perfecta para satisfacer sus codicias. Esas ideas reaparecen tras la comunicación pública que un grupo de mujeres columnistas, periodistas y escritoras difundió bajo el numeral #NoAlPactoDeSilencio.
En ella solicitan al expresidente Andrés Pastrana una explicación clara y de fondo sobre sus cuestionadas relaciones con la red internacional de explotación sexual liderada por Ghislaine Maxwell - condenada a veinte años de prisión por estos hechos- y Jeffrey Epstein, fallecido en una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.
Las respuestas ofrecidas hasta ahora por Pastrana y algunos de sus defensores resultan insuficientes por las siguientes razones: Primero, porque no se trata de invadir la intimidad de un ciudadano cualquiera, sino de examinar la conducta de quien ocupó la más alta dignidad del Estado. Segundo, porque la protección prevalente de los derechos de niños, niñas y adolescentes está consagrada en normas nacionales e internacionales que obligan a un escrutinio más riguroso. Y tercero, porque su nombre aparece en archivos desclasificados por autoridades estadounidenses, lo que exige una explicación transparente sobre la naturaleza de esos vínculos y sobre el eventual uso de recursos públicos en escenarios altamente cuestionados.
Algunos sectores de la sociedad  colombiana siguen asumiendo con coraje la discusión histórica y literaria sobre la vida privada de sus dirigentes, quienes muchas veces no comprenden lo que significa ser “personaje público”. La historia registra episodios íntimos de figuras como Bolívar, Santander, Mosquera, Núñez y Turbay Ayala que, aunque escandalosos, pertenecen a otra lógica moral. No son equiparables con hechos que involucran redes de explotación sexual de menores en un contexto global contemporáneo, soportado en acuerdos  internacionales de derechos humanos y por una conciencia social mucho más exigente frente a estos delitos.
Lo paradójico es que Pastrana ha militado en una colectividad que enarbola la defensa de la familia como principio doctrinario. La prudencia y la sabiduría -virtudes que Camps identifica como fundamento de la ética pública- exigen hoy algo más que comunicados evasivos o silencios estratégicos. Exigen comparecer ante la opinión con argumentos verificables y con disposición plena a despejar cualquier sombra. ¿Tendrá Pastrana la estatura moral para comprender que el silencio no protege la honra cuando la duda es pública y razonable?
En nuestra región solemos llamar “morrongos” a quienes aparentan compostura mientras eluden una verdad que pesa. El país no necesita más pactos de silencio ni respuestas elusivas. Necesita claridad. Cuando el poder se refugia en la ambigüedad, la ética pública se erosiona y la confianza ciudadana se desvanece.