Fanny Bernal Orozco * liberia53@hotmail.com
En este país las narrativas relacionadas con la atención en salud, no solo causan escalofrío, producen vergüenza, por la ausencia de empatía de los funcionarios, quienes rápidamente olvidan las palabras que pronuncian en su juramento de posesión: “Juro por Dios, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo”.
Autoridades que irrespetan la Constitución y desconocen las leyes de la República y si es que acaso las conocen -pues por sus actos, la mayoría parecería que las desconocieran- y les es indiferente transgredirlas, ignorarlas, burlarse o infringirlas, tienen claro que para ellos no existen valores y la ética brilla por su ausencia.
Cuando están en el poder, toman decisiones sin pensar en cómo tales disposiciones pueden afectar a las personas para quienes gobiernan; las experiencias diarias dan cuenta de cuan alejados se encuentran los funcionarios de las comunidades, no las conocen y si las conocen se desentienden y no las escuchan, son solo importantes cuando se necesitan los votos.
El Ministerio de Salud, es un ejemplo de esta realidad, discursos flojos y sin contexto, sordos ante las quejas de miles de personas enfermas y de sus cuidadores, y sin compasión con los sufrientes pacientes que han muerto y los dolientes que no solo están de luto por los padecimientos y muerte de sus seres queridos, sino que, además, se encuentran frustrados y engañados por un sistema inoperante e indolente.
Es muy doloroso lo que sucede con esta problemática, de la que diariamente se conocen noticias de desatención y de muertes, que rápidamente se convierten en una estadística más para quienes las publican, y no tienen en cuenta que detrás de estos números, hay familiares y amigos, muchos de ellos no solo en duelo, sino además con miedo a ser los próximos.
El paisaje diario -porque en eso se convirtió- es ver enfermos mal atendidos, tirados días enteros en camillas en los pasillos de los hospitales, hasta que muchos incluso, son devueltos para sus casas, sin recibir una mínima y adecuada atención.
Dice una persona: “A mi mamá la devolvieron que porque no había especialista, cuando íbamos llegando a la casa murió; habíamos estado en cuatro partes diferentes, dos semanas implorando ayuda”.
Y como si esto no fuera suficiente, el pasado 18 de marzo, el diario El Tiempo, informó de los riesgos que corren 12 millones de usuarios si se lleva a cabo la liquidación de EPS quebradas, hechos que van precedidos de la suspensión del decreto 0182 del 25 de febrero de 2026 y el hundimiento a la reforma a la salud, que mantienen en peligro la salud y la vida de millones de personas en nuestro país.
Es claro que los muertos no requieren tratamientos, cirugías, ni medicamentos y quizás por ello no sea necesario que las personas que nos gobiernan, se comprometan diligentemente a solucionar el caos, en el cual se ha convertido el derecho a acceder a la salud en Colombia, porque… ¿a quién le importa un muerto más?
Según el Código de Integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública, los valores de los funcionarios públicos son: Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia, valores que en Colombia, al igual que cientos de enfermos fallecidos, son solo letra muerta.
* Psicóloga - Docente titular de la Universidad de Manizales.
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