El Tribunal Administrativo de Caldas le ordenó al Municipio de Manizales realizar estudios técnicos para definir si los asentamientos Samaria, Alto Samaria, El Guamo y Alto del Guamo pueden permanecer o deben ser reubicados por riesgo.

La decisión, de una sentencia de segunda instancia emitida el pasado 9 de febrero, se da dentro de una acción popular presentada por la Defensoría del Pueblo Regional Caldas, que busca proteger el derecho colectivo al acceso eficiente y oportuno a los servicios públicos. En estas zonas habitan unas 600 familias, entre las cuales hay 394 personas víctimas del conflicto.

Ahora el Municipio deberá realizar, en un plazo de cinco meses, los estudios detallados que determinen si el riesgo de deslizamiento o inundación es mitigable o no mitigable.

Si resulta no mitigable, la Alcaldía tendrá que activar en máximo 48 horas la ruta de reasentamiento y gestionar subsidios de vivienda. El proceso de reubicación podría extenderse hasta por cuatro años.

Agua potable, energía eléctrica y seguridad para cuatro asentamientos de Manizales

Mientras se realizan los estudios, el Tribunal ordenó garantizar agua apta para consumo humano durante dos meses, a través de carrotanques, pilas públicas o tanques fijos, en coordinación con Aguas de Manizales.

El expediente incluyó un informe del Laboratorio de Salud Pública que clasificó el agua consumida en el Alto del Guamo con un
índice de riesgo de la calidad del agua (IRCA) de 70,96, nivel de riesgo alto, debido a la presencia de bacterias como coliformes totales y E. coli.

El Tribunal señaló que la falta de trámites urbanísticos no puede convertirse en una barrera para el acceso al agua, derecho que está ligado a la vida y la salud.

Además, el Municipio deberá diseñar esquemas diferenciales de abastecimiento y realizar la caracterización de las fuentes superficiales que hoy consume la comunidad.

La sentencia también abordó el riesgo eléctrico en la zona. Informes técnicos de la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec), que fueron referenciados en el documento, evidencian conexiones irregulares y líneas directas que incumplen el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, lo que genera peligro de incendio.

Una vez el Municipio entregue los estudios de mitigación, la Chec deberá evaluar la posibilidad de legalizar el servicio mediante expansión de redes que cumplan con las normas técnicas. Tendrá un plazo de seis meses después de recibir los estudios.

En cuanto al servicio de gas natural, se mantiene la imposibilidad técnica y legal de expansión debido a la clasificación de riesgo del suelo.

Capacitación comunitaria para la legalización de asentamientos en Manizales

El Tribunal también le ordenó al Municipio realizar tres capacitaciones dirigidas a la comunidad sobre el procedimiento de legalización de asentamientos, requisitos y opciones de financiamiento.

La sentencia recordó que los municipios tienen la obligación de iniciar procesos de legalización o reubicación, según la Ley 2044 del 2020 y el Decreto 1470 del 2024, cuando se trate de asentamientos consolidados.

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