LA PATRIA | MANIZALES

Natalia Cárdenas Escobar se presentó ante el Concejo de La Merced el pasado 10 de febrero y pidió perdón delante de los integrantes por haber hecho parte de un delito que afectó a esa corporación en el 2018. De paso, confesó que por firmar los papeles de un contrato para refrigerios le dieron $50 mil.

Esta manifestación pública de la comerciante se dio como parte del principio de oportunidad que tramitaba con la Fiscalía y que el pasado viernes avaló el Juzgado Primero Promiscuo en Función de Control de Garantías de ese municipio.

La investigación arrancó tras un informe de la Contraloría del 4 de julio del 2019, luego de una auditoría exprés al Concejo de ese municipio. Se reportaron cuatro hallazgos con presunta incidencia disciplinaria.

Al concejal Jorge Iván Hernández Marín, del Partido de la U, lo señalan, penalmente, de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El fiscal explicó que el señalado llevó a cabo un proceso de contratación de mínima cuantía por $3 millones, para suministro de alimentación y refrigerios para los concejales e invitados a las sesiones. A la oferente ganadora se le notificó la asignación del contrato el mismo día que radicó la propuesta, cuando el calendario expresaba algo diferente.

En mayo de ese año se hizo efectivo el pago a Cárdenas Escobar y se determinó el cumplimiento de lo acordado, pero sin evidencias de que ello ocurriera, según la Fiscalía.

Con el principio de oportunidad, por peculado por apropiación, Natalia servirá ahora de testigo del ente acusador contra el político y se salvaría de una condena al decretarse la extinción de la acción penal, por su colaboración, siempre y cuando sea efectiva.

 Otro proceso

El mes pasado, Paul Ronald Villada Castaño, procurador Provincial de Instrucción de Manizales, indicó que abrió pliego de cargos contra Jorge Iván Hernández Marín, actual concejal de La Merced (fue segundo en las pasadas elecciones para Alcaldía), por hechos ocurridos cuando fue presidente de esa Corporación en el 2018. Por esta misma situación responde en lo penal y el juicio será del 17 al 20 de abril próximos.

Lo contratado

• 120 desayunos a $5 mil.
• 100 almuerzos a $6 mil.
• 100 cenas a $6 mil.
• 100 refrigerios a $3 mil.
• La cuenta de cobro de la contratista se pasó por $1 millón 500 mil, pero al sumar estos costos daba $2 millones 100 mil.
• “El contrato arrancó el 2 de marzo del 2018, pero ese mes no se sesionó. Además, en mayo siguiente, las reuniones no duraron más de tres horas, mínimo eran de 30 minutos, y solo lo hicieron en las mañanas, no en las tardes y noches. Es decir, no se usaron los almuerzos y las cenas”, se cuestionó.
• En junio del 2019, el procesado devolvió el dinero. Lo consignó en las cuentas de la Alcaldía.
• 1.494 votos sacó el concejal en las elecciones para la Alcaldía. Este proceso no quiere decir que se culpable, será un juez de la República el que determine si es o no responsable.