Dos mujeres, esposa e hija de un hombre, esperaban que se precluyera la investigación en su contra por fraude procesal y uso de documento falso. Argumentaban que indemnizaron a sus víctimas, exesposa e hijo del señor, quien murió a causa de una enfermedad terminal en Manizales.

En diciembre del 2018 les imputaron cargos a las mujeres, pues el primer descendiente del ciudadano aparecía como enajenante de las propiedades y se percató de que habían vendido dos, sin haberse dado cuenta en el momento de dichos movimientos.

El hijo notó que en septiembre del 2017 se efectuó la compraventa de un inmueble a favor de la esposa e hija en Villamaría, y días después, de una camioneta Mitsubishi. Sin embargo, para es fecha, el señor estaba hospitalizado, a causa de una compleja cirugía de cráneo.

Para dichas diligencias, estaban estampadas las firmas en un formulario de trámite y los contratos de compraventa. Al someter la rúbrica al estudio grafológico, se comprobó que eran falsificadas.

Lo civil no soluciona lo penal

El caso lo asumió un juez civil de Manizales y las mujeres aceptaron pagar $120 millones a las víctimas, por lo que el abogado de las demandadas solicitó la preclusión penal por inexistencia del hecho investigado.

Sin embargo, la representante del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales negó dicha petición, la defensa apeló y el caso lo decidirá la Sala Penal del Tribunal Superior.

Según la juez, la jurisdicción civil no tiene efectos sobre la penal, el hecho investigado no es cosa juzgada y dicha indemnización no afecta el deber estatal de continuar con la investigación, pues el delito llevó a incurrir en error al secretario de Tránsito de Villamaría y a un notario de Manizales.

Añadió que los delitos no están catalogados en el Código de Procedimiento Penal para darse su preclusión al reparar a las víctimas, se debe investigar de oficio, y en consecuencia, el proceso penal debe continuar, lo que implicaría una condena para madre e hija.

Las penas que enfrentan

El fraude procesal contempla penas de prisión de 6 a 12 años, mientras que el uso de documento falso va de 4 a 12 años.

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