El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales decidió absolver a un hombre señalado de falsificar su diploma de bachiller, obtenido en un colegio de Ibagué que ya no existe.

La investigación surgió en el 2012, tras una denuncia anónima que indicaba que el procesado había ingresado como operario a la Industria Licorera de Caldas con documentos falsos.

En dicha entidad se abstuvieron de imponer una sanción disciplinaria, dado que se presentó la prescripción porque se superó el tiempo. Pero este pasó a la justicia ordinaria y en el 2018 arrancaron las indagaciones.

En mayo del 2021 se llevó a cabo la imputación de cargos. En febrero del 2023 se efectuó la audiencia preparatoria y se intentó llegar a un preacuerdo que no fructificó. Desde noviembre de ese año hasta octubre del 2025 tuvo lugar el juicio oral. El 4 de diciembre se dará la lectura de sentencia.

No se comprobó el dolo

Según las pruebas que expusó la Fiscalía, el diploma se lo habrían otorgado el 12 de diciembre del 2008. Presentó el acta de grado y el diploma de bachiller para obtener el puesto, lo que según el ente acusador, no los obtuvo de manera legal, lo que representaba una falsedad en documento privado.

Una vez la Licorera supo de estos hechos, por la llamada anónima, abrió una investigación. Se intentó comunicar con la institución, conocida como Liceo Colombiano, de la que nunca obtuvo respuesta.

También se indagó con la Secretaría de Educación de Ibagué, la que respondió que en sus registros tampoco estaba dicho colegio. Según la Fiscalía era raro que en el 2010 el ciudadano hubiera decidido terminar su bachillerato en Pensilvania.

La defensa del procesado aseguró que lo habían asaltado en su buena fe y el mencionado caso correspondía a personas que recibían el dinero de la gente, para luego desaparecer. La intención de su cliente no era presentar un diploma falso.

Testigos fueron con él

La juez sostuvo que los testimonios del hermano y el padre del señalado fueron importantes al contar que lo acompañaron en una ocasión hasta la institución, y si bien por ser familiares podrían tratar de beneficiarlo, sus declaraciones generaron dudas sobre la intención de falsificar el documento.

Respaldó también la tesis de la defensa al mencionar que existen instituciones educativas sin permiso ni licencia para funcionar que engañan a personas para que estudien y luego desaparecen sin dar razón, lo que sería el caso del ciudadano.

Puntualizó que en la falsedad de documento solo se admite la modalidad dolosa (con intención) y el acusado lo hizo sin ser consciente de que era víctima de un engaño, no hubo pruebas para demostrar su culpabilidad y lo absolvió.

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