Víctor Caicedo denunció que en este caso se presentó una persecución y su hermana no tiene relación con su actividad política.

Foto | LA PATRIA

Víctor Caicedo denunció que en este caso se presentó una persecución y su hermana no tiene relación con su actividad política.

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de Manizales declaró como ilegales el allanamiento y la captura de la hermana del concejal del Partido Verde, Víctor Caicedo Espinosa, por supuesta corrupción al sufragante.

A la mujer la capturaron miembros de la Policía y el CTI, a quien le incautaron dinero y publicidad política, dentro de la vivienda en el barrio San José. Sin embargo, el político denunció una persecución política.

En la audiencia, que se efectuó el lunes, la procuradora aseguró que no hubo proporcionalidad, no se demostró una flagrancia, hubo una inacción aparente del policía que vio la supuesta compra de votos y no hubo elementos que demostraran el delito.

 

Informe de captura fue escueto

El juez mencionó que no se presentó declaración jurada del supuesto testigo de los hechos y solo existe un informe sobre personas que hacían fila afuera de la vivienda que, al parecer, recibían instrucciones para vender su voto, y pese a eso no capturaron a algún involucrado.

Cuestionó por qué, si un uniformado vio a una persona que salía de un puesto de votación hasta la casa de Caicedo Espinosa, no se esmeró en interceptarla. Además la descripción física no corresponde con los rasgos de la mujer detenida.

Frente a una planilla de 181 personas encontrada en el sitio, el juez dijo que tampoco se especificó de qué manera estarían vinculadas en los hechos, y el dinero incautado correspondería a temas de logística. Frente a la publicidad, considerando que dicha vivienda es una sede política, no encontró irregularidades.

El concejal criticó la acción de las autoridades, pues aseguró que él mismo les entregó las llaves a los policías para que entraran y verificaran, había menores de edad al interior. Anunció que pedirá a Contraloría y Procuraduría que se investigue el accionar de los funcionarios.

 


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