A la mujer la sorprendieron tras ofrecerles supuestamente $100 mil a dos ciudadanas.

Foto | Archivo | LA PATRIA

A la mujer la sorprendieron tras ofrecerles supuestamente $100 mil a dos ciudadanas.

En el Parque Principal de Salamina, la Policía detuvo a una mujer, de 66 años, señalada de comprar votos. Sería la esposa de un exalcalde y excongesista condenado por parapolítica.

El hecho se presentó a la 1:30 de la tarde, cuando las autoridades le incautaron el dinero a unas ciudadanas, quienes reconocieron que la responsable de entregarlo fue la capturada, que a cambio les pidió el voto por candidatos del Partido Liberal.

Se supo que estaría pagando $50 mil por voto, e incautaron $100 mil en total.

La Policía de Caldas informó que se impusieron 23 órdenes de comparendo hasta el momento, por violación al decreto presidencial. 18 fueron por incautación de propaganda electoral, 11 por uso de celulares en puestos de votación, 1 por irrespeto a la autoridad.

Fueron 10 en La Dorada, 7 en Aguadas, 3 en Chinchiná, 5 en Pácora, 1 en Marulanda, 1 en Supía, 1 en Pensilvania, 1 en Salamina, 1 en Manzanares.

La mujer fue diputada de la Asamblea de Caldas.

 

Corrupción al sufragante en el Código Penal

El que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de 4 a 8 años.

En igual pena incurrirá quien por los mismos medios obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato votación en determinado sentido.

En igual pena incurrirá el sufragante que acepte la promesa, el dinero, la dádiva, el contrato, o beneficio particular con los fines señalados en el inciso primero. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.

La pena se aumentará de la mitad al doble cuando en la promesa, pago o entrega de dinero, beneficios o dádivas medien recursos públicos.

 


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