La organización Pacientes Colombia rechazó enfáticamente el nombramiento de Daniel Quintero, como superintendente Nacional de Salud, al considerar que esta decisión profundiza la desconfianza ciudadana y agrava la crisis de gobernanza en el sistema de salud. Este político, exalcalde de Medellín, aún no se posesiona.
Para el movimiento, resulta inadmisible que el Gobierno nacional y Gustavo Petro designen en un cargo de tan alta responsabilidad a una persona seriamente cuestionada en materia de moralidad pública, con procesos de investigación por presuntos hechos de corrupción y cuya trayectoria reciente evidencia un claro conflicto de intereses frente a decisiones críticas del sector.
Pacientes Colombia recordó que, aun sin ser funcionario público, Quintero, con base en sus declaraciones públicas, podría trazar una hoja de ruta frente a las EPS que incluiría la intervención de una EPS como Sura y la liquidación de Savia Salud, lo que compromete su imparcialidad para ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control que la ley le otorga a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS).
En menos de cuatro años, esta sería la quinta persona en ocupar el cargo de superintendente, reflejo de una inestabilidad institucional que termina pagando la ciudadanía con barreras de acceso, desorden en la prestación de servicios y falta de control efectivo sobre los recursos públicos de la salud.
“Nombrar a una persona investigada e imputada y con una agenda predefinida contra algunas EPS en el cargo que debe vigilar y hacer cumplir las reglas del juego es un mensaje devastador para los pacientes. El Gobierno debería garantizar perfiles éticos, idóneos e imparciales, no alimentar la sensación de que la SNS se usa para ajustes de cuentas políticas mientras los ciudadanos siguen esperando medicamentos, citas y procedimientos oportunos”, señaló Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.
El movimiento advirtió que este nombramiento se produce en un contexto de profunda crisis humanitaria en salud, en el que las fallas de la SNS han sido evidentes, particularmente en el manejo de las EPS intervenidas. En este sentido, Pacientes Colombia insiste en la necesidad de que la entidad recupere su papel técnico y autónomo, y no se convierta en un instrumento de presión o retaliación política contra ciertos actores del sistema.
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De Nueva EPS
En una segunda línea de preocupación, Pacientes Colombia puso en el foco la situación de la Nueva EPS y las denuncias recientes sobre la legalidad de su intervención. De acuerdo con información conocida públicamente, funcionarios de la propia SNS han advertido presuntas irregularidades en el proceso, lo que abre la puerta a que la intervención pueda ser considerada ilegal por no cumplir con los procedimientos establecidos. Frente a ello, el movimiento exige respuestas claras y públicas a la actual superintendente y al Gobierno nacional.
El movimiento se pregunta qué ocurrirá con los millones de afiliados si la Nueva EPS, o cualquier otra EPS intervenida o no intervenida, es finalmente liquidada sin un plan de transición serio, ordenado y transparente. ¿A dónde irán los pacientes que hoy dependen de sus servicios?, ¿quién garantiza la continuidad de tratamientos de alto costo, la entrega de medicamentos esenciales y la atención oportuna en urgencias y servicios críticos? Para Pacientes Colombia, no es aceptable que la gestión del sistema se reduzca a intervenciones, anuncios de liquidación y cambios de funcionarios, sin una ruta clara de protección efectiva de derechos.
En este contexto, el movimiento también cuestionó si la crisis actual es el resultado esperado por el presidente Gustavo Petro y su Gobierno, tras las decisiones que han tomado sobre el sistema de salud. Si el objetivo declarado era mejorar el acceso y la calidad, el resultado visible hoy es mayor incertidumbre, aumento de las quejas y un deterioro palpable en la atención, mientras se concentra cada vez más poder sobre los recursos públicos sin una rendición de cuentas efectiva ante la ciudadanía.
Pacientes Colombia hizo un llamado a todas las instituciones de control, a los actores del sistema y a la opinión pública para que no normalicen la designación de funcionarios seriamente cuestionados en cargos clave, ni la utilización de las intervenciones como herramienta política. El movimiento insistirá en que la Superintendencia Nacional de Salud debe estar en manos de personas con solvencia ética y técnica, que garanticen la defensa del paciente por encima de cualquier interés particular, económico o político.
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