Bernardo Camacho presentó, formalmente, su renuncia al cargo de superintendente Nacional de Salud ante Gustavo Petro, presidente de la República, alegando motivos estrictamente personales que le impedían continuar en el organismo.
A Camacho, lo reemplazará Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Este 15 de abril se dio a conocer su designación, pero no se ha dicho cuándo se posesionará este político, que es ingeniero electrónico. Le siguen algunas investigaciones.
Camacho expresó su agradecimiento y confianza: “Mi compromiso con los principios de equidad, justicia social y defensa del sistema público de salud se mantiene inquebrantable. Serví con responsabilidad, eficacia, transparencia y lealtad durante estos cinco meses y continuaré apoyando, desde cualquier espacio, las políticas que busquen garantizar el acceso universal y digno a los servicios de salud para todos los colombianos”.
Durante su gestión, la SNS avanzó de manera decidida en la defensa del derecho a la salud y en la protección de los recursos del sistema. La gestión se caracterizó por su absoluta ética, transparencia y el respeto irrestricto a los principios y valores institucionales.
La ruta a seguir
Como resultado, se deja una ruta clara y ordenada para el cierre de gobierno, la rendición de cuentas y el balance integral de la gestión adelantada. Entre los principales avances logrados se destacan:
• La activación oportuna de mecanismos de denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República por los hallazgos detectados a algunos actores del sistema general de seguridad social en salud en las acciones de inspección, vigilancia y control.
• Las denuncias de embargos sobre recursos destinados a la atención en salud que fueron interpuestas ante las entidades competentes con las evidencias recolectadas, garantizando el avance transparente y el debido proceso.
• La elaboración y entrega de un plan claro y financieramente viable de modernización tecnológica de la entidad, esencial para fortalecer la vigilancia, el control y la transparencia en el manejo de los recursos del sistema de salud.
• El fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en los procesos de contratación y financieros adelantados por la Superintendencia.
• La activación de mesas de controladores departamentales, las cuales se encuentran en implementación progresiva en todo el territorio nacional, como estrategia de articulación intersectorial, en el desarrollo de acciones de inspección, vigilancia y control, con participación de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades, quienes definen y adelantan acciones de su competencia.
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• La constitución de un equipo especializado para el seguimiento al cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional.
• La suscripción de acuerdos de conciliación judicial entre los diferentes actores del sistema, cuyos positivos resultados continuarán desarrollándose en el país.
• La implementación de un plan de choque para garantizar la entrega de medicamentos a los usuarios.
• El cierre y solución de cientos de miles de PQRD (peticiones, quejas, reclamos y denuncias), principalmente relacionadas con el suministro de medicamentos y el acceso a especialistas.
• Avances interinstitucionales para el desarrollo de una herramienta que permita hacer el seguimiento y la devolución de recursos por negaciones injustificadas en la prestación de servicios cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
• El impulso al fortalecimiento de la red pública hospitalaria, buscando su sostenibilidad y mejoramiento en el funcionamiento.
• La puesta en marcha de mesas de seguimiento a las EPS intervenidas, con el fin de verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en aspectos jurídicos, financieros y técnico científicos, velando por el adecuado manejo de los recursos y la mejora en la prestación de servicios en un contexto de crisis sistémica. Esto incluye los cambios de agentes interventores considerados pertinentes por la administración y las suspensiones temporales ordenadas por la Procuraduría General de la Nación.
No es un negocio
Camacho detalló que se ha avanzado de manera rigurosa en el cumplimiento de las últimas instrucciones impartidas por Petro, en relación con las EPS intervenidas y las posibles liquidaciones. Dijo que todas las acciones se han ejecutado estrictamente dentro del marco normativo vigente, con plena conciencia de los riesgos y de la grave crisis que enfrenta el sistema de salud colombiano, la cual continuará agravándose si no se materializa la reforma estructural del sistema de salud propuesta.
“La salud no es un negocio; es un derecho fundamental. Los avances logrados en estos meses son el resultado de un trabajo colectivo, honesto y comprometido con el pueblo colombiano. Dejo la Superintendencia con la tranquilidad de haber cumplido con autonomía, independencia, ética, transparencia y lealtad al mandato presidencial”, concluyó Camacho.
Con Nueva EPS
En relación con las decisiones adoptadas respecto a la Nueva EPS y dado que Camacho se encuentra impedid por haber sido agente interventor de dicha entidad, es la superintendente Ad hoc, Luz María Munera, quien está autorizada para pronunciarse al respecto.
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