Quince hospitales que integran la red pública del departamento de Risaralda anunciaron la suspensión de servicios a Nueva EPS, Asmet Salud y Pijao Salud, debido al incumplimiento reiterado en el pago de la cartera vencida. 

La medida entrará en vigencia a partir del 16 de enero, si no se registran pagos efectivos antes de esa fecha.

Según los voceros de las Empresas Sociales del Estado (ESE), las tres EPS adeudan en conjunto más de $116 mil millones, situación que ha puesto en serio riesgo la sostenibilidad financiera de la red hospitalaria y la continuidad de varios servicios.

La directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda (AIsalud), Olga Lucía Zuluaga, explicó que la decisión se tomó tras varios meses de compromisos incumplidos y falta de respuestas concretas por parte de las entidades aseguradoras.

“Este ultimátum busca proteger la operación de los hospitales y garantizar la prestación de los servicios a los usuarios que sí cuentan con respaldo financiero. Si no hay pagos efectivos, las ESE no tendrían cómo continuar”, advirtió.

Servicios afectados y pacientes sin remisión

Zuluaga señaló que la crisis ya tiene efectos visibles. Actualmente, hospitales de baja complejidad no tienen a dónde remitir pacientes, especialmente en salud mental y oncología, servicios que no son ofrecidos por estas EPS.

“De hecho ya hay pacientes que están atrapados en la baja complejidad porque no cuentan la Nueva EPS, Asmet Salud y Pijao Salud con servicios de oncología, servicios de salud mental y esto está afectando directamente a usuarios, al talento humano y obviamente a los hospitales”.

Casos como el del municipio de Apía, donde un paciente lleva más de 10 días esperando remisión, evidencian la gravedad del problema.

“En este momento los hospitales de baja complejidad no tienen dónde remitir pacientes de salud mental. Por ejemplo, Apía acaba de mandar un video en donde nos dice que tiene un paciente más de 10 días esperando remisión y no encuentra dónde ubicar al paciente, porque no hay servicios ni de instituciones privadas ni públicas que puedan recibir los servicios de los usuarios”, mencionó.

También se han visto afectados pacientes quirúrgicos por la falta de insumos, como material de osteosíntesis, debido a que los proveedores han dejado de despachar ante las deudas acumuladas.

Zuluaga aclaró que por el momento no hay ningún hospital que esté en la necesidad de cerrar del todo el establecimiento, pero sí hay un golpe financiero bastante fuerte.

“De una u otra forma es el usuario quien definitivamente está llevando la peor parte, y obviamente las instituciones en donde ya la cartera que se tiene es mayor a 360 días el 50%. Es un deterioro cada vez mayor, no hay conciliaciones de cuenta con las intervenidas y hay muchos recursos de la baja complejidad atrapados porque no hay liquidación de contratos”, agregó la directora.

Hospital San Jorge, al límite

El gerente del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, Javier Alejandro Gaviria, indicó que la situación se agravó tras la intervención de estas EPS por parte del Gobierno Nacional, lo que ha retrasado aún más los giros.

“De las 560 camas que tenemos, normalmente alrededor de 200 están ocupadas por pacientes de la Nueva EPS. Hemos recibido usuarios que ya no son atendidos en otras instituciones, pero llega un momento en el que no damos más abasto”, afirmó.

Gaviria reveló que, pese a facturaciones que superan los $3.000 millones, los pagos recibidos han sido mínimos, lo que afecta directamente la relación con proveedores y la continuidad del servicio.

“Las tres EPS tienen un volumen de pacientes bastante grande y desafortunadamente no están respondiendo a todas los compromisos y la responsabilidad que tienen de giro de recursos para nuestra institución”.

Hospitales municipales también en crisis

Desde el Hospital San José de La Celia, su gerente Juan Alejandro Monsalve explicó que la deuda ya representa más del 33% del presupuesto anual de la institución.

“De un presupuesto de ingresos cercano a los 3.400 millones, hoy las EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud) nos deben alrededor de 1.400 millones. No podemos seguir asumiendo costos sin recibir recursos”, señaló.

Aunque las urgencias vitales (triage 1, 2 y 3) seguirán garantizadas, los hospitales se verán obligados a suspender servicios como consulta externa, imagenología y laboratorios, especialmente para la Nueva EPS, que concentra el mayor incumplimiento.

Cerca de 400 mil usuarios impactados

De acuerdo con las estimaciones del sector, la suspensión de servicios podría afectar a más de 400 mil usuarios afiliados a estas EPS en Risaralda.

Los gerentes hospitalarios esperan que antes del 15 de enero se concreten pagos reales que eviten la aplicación de la medida y un mayor impacto sobre pacientes, talento humano e instituciones.

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