Risaralda impulsa una de las causas más urgentes en defensa de los derechos de las niñas en Colombia. El proyecto de ley que busca erradicar la ablación o mutilación genital femenina avanza hacia su último debate en el Senado de la República y enfrenta una cuenta regresiva decisiva: si no se aprueba antes del 20 de junio, se hunde.
La iniciativa surgió en Pueblo Rico, municipio de Risaralda donde en 2007 el país conoció públicamente que esta práctica existía en territorio colombiano. La alerta llegó tras la muerte de bebés de una comunidad indígena en Veracami. Desde entonces, instituciones y organizaciones realizaron acciones temporales, pero los registros muestran que el problema persiste.
Carolina Giraldo, representante a la Cámara por Risaralda, recordó que la práctica consiste en “el corte o la cauterización del clítoris o el capuchón del clítoris” y señaló que organismos internacionales la rechazan. “Es una práctica nociva que ha sido calificada por la ONU como algo que debe erradicarse”, afirmó.
El proyecto no plantea castigos penales. Sus autoras y promotoras eligieron otro camino: educación, prevención y acompañamiento institucional. La propuesta nació del diálogo con mujeres indígenas que piden herramientas para transformar una costumbre que afecta la salud física y emocional de las niñas.
“Lo construimos con las mismas mujeres indígenas, porque existen lideresas en las comunidades que quieren erradicar la práctica”, dijo Giraldo.
Ese enfoque busca evitar que la ablación pase a la clandestinidad. En otros países, la penalización llevó a ocultar la práctica y aumentó los riesgos para las menores. En Colombia, según explicó la representante, muchos casos ocurren en bebés de pocos meses de nacidas, sin consentimiento y en condiciones precarias.
La iniciativa propone campañas pedagógicas en los territorios, formación comunitaria y protocolos claros para hospitales, colegios y entidades públicas. También busca mejorar el registro de casos, ya que las cifras actuales no reflejan toda la dimensión del problema.
El año pasado se reportaron 53 casos en Colombia, la mayoría en Risaralda. Sin embargo, líderes sociales y autoridades coinciden en que existe subregistro. Muchas situaciones no llegan a conocimiento oficial por barreras geográficas, miedo o falta de rutas de atención.
Una realidad, en manos del Senado
La discusión que se aproxima en el Senado no solo definirá una ley. También marcará la capacidad del país para responder a una deuda histórica con niñas indígenas y con comunidades que hoy piden apoyo para cambiar desde adentro.
Giraldo insistió en la urgencia del trámite legislativo. “No tenemos una fecha exacta todavía, pero tiene que ser antes del 20 de junio. Si no es antes del 20 de junio el proyecto de ley muere. De ahí la urgencia, estamos contrarreloj para sacar este proyecto de ley adelante”.
El llamado ahora trasciende a Risaralda. Organizaciones sociales, congresistas, autoridades y ciudadanía pueden sumar respaldo para que el Senado priorice la votación. La meta es clara: que ninguna niña en Colombia vuelva a sufrir una práctica que vulnera su cuerpo y su dignidad.
El país enfrenta una oportunidad cercana y concreta. Falta poco para cerrar una lucha que empezó hace años en las montañas de Risaralda y que hoy reclama solidaridad nacional. Si no se aprueba antes del 20 de junio, el proyecto se hunde.
¿Qué propone la ley?
Campañas pedagógicas en comunidades.
Formación con enfoque intercultural.
Protocolos de atención institucional.
Mejor registro de casos.
Protección integral para niñas.
Llamado nacional
El Senado tiene la decisión final. La ciudadanía, organizaciones y líderes públicos pueden exigir prioridad al debate y respaldo a una ley que protege a las niñas.
* Esta información es producto de la alianza entre el periódico LA PATRIA y el Canal Regional Telecafé.
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