EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
Grupos indígenas del departamento de Guainía están en un alto riesgo por la explotación de oro y coltán que realizan los grupos armados ilegales para financiar sus actividades y que a su vez les permiten robustecer su aparato de guerra, denunció ayer el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El funcionario aseguró en un comunicado que “esa explotación ilegal y violenta ha incrementado la capacidad financiera de los grupos armados y les posibilita robustecer sus estructuras armadas a través del reclutamiento, de adquirir armas y material de intendencia y de imponer el control territorial y social”.
Camargo aseguró que la población indígena está expuesta a “graves vulneraciones de sus derechos fundamentales”, por lo que solicitó a los grupos armados ilegales detener de “inmediato sus acciones contra la población civil”.
El funcionario llamó a esos grupos a que acojan la propuesta de paz del Gobierno colombiano porque es “la oportunidad para brindarle tranquilidad a las comunidades en estos territorios”.
La Defensoría emitió una alerta temprana en la que advierte del riesgo que corren los habitantes del municipio de Inírida, la capital departamental, y otras zonas como el Resguardo Paujil y áreas no municipalizadas como Cacahual, Puerto Colombia, San Felipe y La Guadalupe “por el accionar de grupos armados organizados”
En la zona tiene presencia el frente José Daniel Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el frente “Acacio Medina” de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.
La alerta también encontró que el Clan del Golfo tiene “interés por incidir en esta zona”.