Colombia no puede seguir expuesta contando muertos, heridos y afectaciones a la infraestructura y a los bienes producto de hechos terroristas y de inseguridad en el país, mientras el Gobierno nacional espera apacible algo que no va a ocurrir con los grupos armados al margen de la ley y las organizaciones de narcotraficantes. Que en cuestión de horas en la tarde de ayer hayan fallecido en el Valle del Cauca y en Antioquia por lo menos 18 personas y alrededor de 59 estén heridas como consecuencia de atentados, obligan al presidente, Gustavo Petro, y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a tomar decisiones radicales para proteger a la ciudadanía como les obliga la Constitución nacional.
Este 2025 ha traído incontables atentados, tomas, paros armados, el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y ayer el barrio La Base, de Cali, fue sacudido con la explosión de cilindros bomba camuflados en dos camiones frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en cuyos alrededores hay viviendas de civiles y cadenas de supermercados; a la par que en zona rural del municipio de Amalfi (Antioquia) delincuentes derribaron un helicóptero de la Policía Nacional ocupado por agentes que hacían aspersión terrestre de cultivos ilícitos. Es una escalada de hechos violentos, igual que los vividos hace 36 años cuando el país también estaba en manos de guerrillas y del narcotráfico que tranquilamente dejaban muerte y desastre por donde pasaban.
Es parte de la historia ya vivida, que Colombia no quiere ni se merece repetir por el dolor y la angustia que causan en los seres humanos. Según balances preliminares, las explosiones en Cali ocasionaron al menos 6 civiles muertos y unos 56 heridos, además de daños físicos y a vehículos de particulares. En el derribamiento del helicóptero murieron 12 policías y otros 3 quedaron heridos. Las advertencias están hechas, pero las acciones del Gobierno no llegan. El personero de Cali es claro en asegurar que cada que se combaten los grupos delincuenciales y las economías ilegales en el Valle del Cauca vienen este tipo de ataques, a manera de retaliación, pero es la sociedad civil la que está quedando en riesgo.
Al Gobierno se le pide más severidad contra los grupos guerrilleros, las autodefensas, el narcotráfico y todo el que insista en ejecutar actos terroristas, a los que les debe quedar claro que la autoridad es la que ejercen los poderes del Estado colombiano, y son los que aplican las leyes. Queda más que demostrado que es inútil seguir siendo tolerante y condescendiente con las peticiones de los violentos. La paz total no se logró, no hay voluntad del lado de los que están en la ilegalidad, ni tampoco han servido los intentos de diálogo.
Cada que hay un acto terrorista el país no se puede quedar en manifestaciones de condolencia a distancia. Nada de posiciones débiles, lo que debe venir es el fortalecimiento de la Fuerza Pública, dotándolos de las herramientas que sean necesarias para combatir con mayor efectividad el delito. La seguridad nacional no se puede seguir mirando desde la óptica de lo político ni de lo ideológico, hay que proceder de manera inmediata porque de por medio está la vida de todos los colombianos.