Es poco claro lo que ocurre en Venezuela un mes después de la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar de Estados Unidos que los sacó del país para trasladarlos a Norteamérica, donde son juzgados por los delitos de narcoterrorismo y corrupción. Ni siquiera el anuncio del Gobierno de Donald Trump, de tomar el control de este país para administrarlo hasta que se logre una transición segura y adecuada, le ha devuelto la tranquilidad que anhelan sus habitantes. La expectativa de que el régimen de Maduro llegara a su final de cualquier manera posible y que si esto ocurría llevaría a gozar nuevamente de derechos y de un gobierno legítimo, no se ha visto aún. De alguna manera el régimen sigue actuando a través de Delci Rodríguez, como presidenta encargada, y de los otros aliados de Maduro que se niegan a aceptar la intervención estadounidense. Diosdado Cabello es uno de ellos, que insiste en que el chavismo sigue “gobernando”. Se habla de varias decenas de excarcelados, retenidos por el régimen durante años, pero a la par no hay coincidencia en las cifras y existen voces negando que sean todos los que se reportan.
Sin embargo, en un mes es imposible que alguien resuelva la infinidad de problemas sociales y económicos en que el chavismo sumió a Venezuela durante 26 años, que provocó además una ola migratoria que se calcula en unas ocho millones de personas que están regadas por varios países, entre ellos Colombia, que ha sufrido fuertemente este efecto. Por presiones de Estados Unidos, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto para reformar la ley petrolera, cambiando el modelo estatal para abrir campo a inversiones privadas, brindando más garantías para la exploración y explotación del crudo y menos impuestos. Hay esperanza de que esta medida empiece a generar nuevos ingresos, aunque el petróleo venezolano mantiene un embargo impuesto por Trump desde el 2019 y con la detención de Maduro pide controlar su comercialización.
El mundo espera que esta intervención de Estados Unidos a Venezuela lleve muy pronto a un cambio político y por fin los venezolanos puedan ir a unas elecciones normales para escoger a un presidente en democracia, que gobierne legalmente y sea reconocido en legitimidad por los pobladores; pero además que los millones que han tenido que salir del país puedan empezar a regresar sin inconvenientes, sobre todo de seguridad, para encontrarse con los suyos, recuperar sus vidas y lo que tuvieron que dejar cuando salieron huyendo de las arbitrariedades del régimen de Maduro.
El anuncio de una transición no puede ser en vano. Estados Unidos hizo lo que nadie se arriesgó a ejecutar, aunque sus formas no han respetado por completo acuerdos internacionales ni el Derecho Internacional Humanitario y eso también hay que decirlo. Pero no se trata ahora de ejercer posición dominante sobre un país suramericano que ha sufrido por décadas la crueldad de un régimen y necesita es que se le ayude a recuperarse respetando su soberanía e independencia. Estados Unidos tiene los recursos para hacerlo y le daría un mensaje muy importante al mundo, más allá de pretender ir exclusivamente por la riqueza venezolana.
