Es un buen inicio si en Caldas se está reconociendo que en seguridad hay procesos que no marchan bien. Nos estamos refiriendo a la situación de las cámaras de seguridad, dispositivos que en Colombia comenzaron a ser introducidos en la década de los 70, hace 55 años, primero como sistemas de videovigilancia en bancos y otros pocos comercios, y que 10 años después tomaron auge en el sector público. Por eso no se justifica que pasado todo este tiempo no se haya logrado tener en los 27 municipios sistemas robustos de seguridad.
El panorama no es muy halagador aunque Manizales, como capital, tenga mejoras en este tipo de tecnología y de 479 cámaras instaladas cuente con 337 en servicio, pero son 142 dañadas. Por su parte Viterbo, Victoria y La Merced poseen sistemas propios, aunque con falencias técnicas. Pero Marulanda, Marquetalia y Filadelfia están desprovistos de cualquier tipo de tecnología en seguridad. En los 20 municipios restantes de Caldas, solo el 25% de las cámaras instaladas está funcionando y el 75% se encuentra fuera de servicio, como estableció la Secretaría de Gobierno Departamental en un diagnóstico.
No contar con estos dispositivos o que no se tengan en condiciones óptimas y con personal a cargo de su operación está exponiendo a los territorios a la comisión de ilícitos, porque son equipos aliados en la prevención del delito y la conservación de la seguridad, dicho por los secretarios de esta área en Manizales y Caldas. Vivamos Humanos y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) aseguraron que las acciones violentas en Colombia aumentaron un 45% durante el primer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo del 2024, y hasta mayo fueron registrados 603 hechos violentos a pesar de que el país tiene abiertos 9 procesos de paz con grupos armados ilegales.
Esto sin contar otras violencias perpetradas por organizaciones ilegales, casi siempre asociadas al microtráfico, que tienen asiento en los municipios y en su mayoría generan homicidios, sicariato, ajustes de cuentas y vinculación de menores de edad a estas redes de delito. Por eso es tan importante que la Gobernación siga liderando y consolide lo más pronto el proyecto tecnológico de seguridad e inteligencia artificial que presentó la semana pasada, enfocado a modernizar los sistemas de circuitos cerrados de seguridad e instalar cámaras con capacidad de identificar placas de vehículos. Tiene un costo de $15 mil millones, de los que el Departamento aportaría 9 mil millones y 6 mil millones los municipios.
Sería una interconexión bajo monitoreo del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencia de Caldas (Sisec), que funcionaría las 24 horas del día; también se busca que el material de video se use como evidencia en investigaciones, en la prevención del delito y en hacer más efectivos los procesos de captura de delincuentes. Contar con sistemas más modernos de seguridad no puede seguir siendo un sueño en Caldas. La Asamblea y los concejos deben apoyar los proyectos que les lleguen desde la Gobernación y las alcaldías para disponer de recursos y así la seguridad sea un hecho y se tengan municipios más tranquilos.