Se cumplió un año en medio del fuego cruzado entre el Eln y las disidencias de las Farc, como grupos delincuenciales que se disputan el Catatumbo, un territorio de Norte de Santander en la frontera colombo-venezolana que les permite el tránsito libre de los negocios ilícitos en los que se ocupan, de lo contrario no fuera tan importante para ellos. En medio ha quedado la población civil, sufriendo, padeciendo todo este tiempo las múltiples violencias desatadas por este conflicto y con un Estado que no ha sabido llegar ni tampoco protegerlos.
El 16 de enero del 2025 el Catatumbo se vio sometido a una de las peores crisis humanitarias y de derechos humanos en Colombia. El resultados fueron por lo menos 117 muertos, decenas de heridos, unas 13 mil personas confinadas, casi 65 mil desplazados, 5 firmantes del proceso de paz desaparecidos como datos reportados por la Defensoría del Pueblo, que además calcula que con al menos 43 mil hectáreas de coca sembradas, el Catatumbo se mantiene como una de las zonas más impactadas por actividades ilícitas en el país.
Más complejo todavía cuando la ONU registra que aún un año después de este vil ataque la violencia se siga intensificando en esa región y los civiles sean los que permanezcan asumiendo las consecuencias: “Desde enero del 2025, se estima que cerca de 100 mil personas, la mitad de la población de la región, han sido desplazadas como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados no estatales, el uso de drones armados y el control violento de territorios estratégicos”. No obstante, el Gobierno nacional ha sido prácticamente sordo con las advertencias y alertas que han emitido entidades nacionales y organizaciones internacionales durante todo un año.
El Gobierno Petro debe darse cuenta que no ha sido efectivo y que hay que cambiar de estrategia, aún con el despliegue de los 11 mil 200 soldados que dijo haber llevado para la llamada Operación Catatumbo, porque los enfrentamientos entre los grupos ilegales continúan y no solo en esta región del país. Hay que sumarle los ataques en zona rural del departamento del Guaviare, donde este fin de semana pasado se batieron dos disidencias de las Farc y se estima que pueden haber fallecido unos 30 integrantes de los bandos de alias Iván Mordisco, que se considera el criminal más buscado de Colombia, y del bloque comandado por alias Calarcá. Y de nuevo, el motivo: el control territorial, y los efectos: la población en riesgo, porque se estima que hay terrenos minados muy cerca de las viviendas.

Hay que poner también el foco en otros departamentos del país como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia donde estos y otros grupos ilegales siguen haciendo de las suyas, igualmente contra las comunidades. Es evidente que la Paz Total del presidente Petro ya quedó desdibujada, no fue ni podrá ser, por tiempos y porque a este paso y con todos estos hechos es imposible llegar a acuerdos, pero sobre todo porque con grupos a los que les gusta vivir en la ilegalidad y no tienen ningún interés de dejar estas economías es imposible pensar en la paz. Lo que sí es inminente para el Gobierno es la protección de los colombianos, esa debe ser la prioridad de prioridades.