Uno de los dos alicientes más importantes para mantener a los alumnos dentro del sistema educativo es el transporte escolar. El otro es el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Con uno que falte desestimula la presencia de niños y adolescentes en las aulas. Esto parecía eliminado en Caldas, al menos desde la Gobernación y las alcaldías municipales siempre han anunciado que el PAE es prioridad en los presupuestos y que se destinan recursos para esta loable inversión social que favorece las condiciones físicas para enfrentar la carga académica y le aporta al desarrollo de los estudiantes. Lo mismo no pasa con el transporte.
No contar con un medio que facilite el desplazamiento de escolares, especialmente los que viven en zonas rurales dispersas, es un perjuicio muy grande. Para muchos es la única posibilidad de asistir a clases, teniendo en cuenta, además de los trayectos largos, los oficios de los padres que les imposibilita llevarlos hasta las instituciones educativas o la carencia de recursos para pagar un transporte público, si es que existe. Por ello no se justifica que algunos municipios, como Risaralda esté prestando un transporte tan deficiente.
Fuera de que hay demoras para contratar el servicio desde principio de año, resulta inexplicable que se tenga que suspender, como pasó desde la tercera semana de junio, y que una semana después de haber regresado de las vacaciones de mitad de año, los alumnos siguieran sin transporte. Esta semana los alumnos del colegio rural Francisco José de Caldas entraron en asamblea permanente por las deficiencias, entre las que señalan vehículos sin la capacidad para transitar por las veredas. El miércoles se les sumó por la misma causa la Institución Educativa rural Quiebra de Santa Bárbara.
No es un servicio educativo digno que los escolares tengan que cubrir distancias a pie, o se tengan que quedar en casa perdiendo días de estudio, que es un derecho. La Alcaldía de Risaralda debe revisar el contrato que hizo con la empresa Transportes La Villa, porque si realmente le expresó desde el inicio las rutas y los días que debía cubrir, algo está pasando con la ejecución porque no se está cumpliendo en su totalidad y habría que hacer correctivos, llamar la atención al contratista o dar por terminado el contrato por incumplimiento.

Aunque la responsabilidad es de los alcaldes, como dijo el secretario de Educación de Caldas, Luis Herney Vargas, también habrá que escudriñar el destino de los $5 mil 200 millones que giró la Gobernación a las alcaldías para que mitigaran el impacto del costo del transporte escolar, que es alto, unos 20 mil millones al año. A Risaralda le correspondieron $178 millones, y el Departamento espera hacer un nuevo esfuerzo económico para que se incrementen los días de cobertura. Si esto se suma a las inversiones propias de los municipios por qué persisten las deficiencias para garantizar el transporte escolar todos los días del año.