Deberíamos estar viviendo una época de paz y alegría, pero lo que primó esta semana con el demencial paro armado de 72 horas ejecutado por el Eln fue violencia contra la población civil. El saldo es de cinco muertos, dos de ellos policías; unas 60 acciones armadas en 16 departamentos; destrucción de la infraestructura vial con explosivos y comunidades desplazadas y confinadas que son una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. Y el jueves otro ataque terrorista con explosivos y drones contra la Base Militar en Aguachica, Cesar, en la que fueron asesinados seis soldados.
Muestran el interés delincuencial que tiene esta agrupación ilegal, con la que no se deberían tener más consideraciones desde el Gobierno nacional. Ya se les han concedido muchas oportunidades con el ánimo de que acudan a mecanismos de diálogo con el Estado y que sea el camino para establecer acuerdos de paz, pero ha sido imposible con ellos porque siempre terminan vulnerando lo pactado y sacrificando a las comunidades. No es matando efectivos de la Fuerza Pública ni mucho menos a los ciudadanos como se logra el cometido de la paz y la defensa de la soberanía nacional, esto último en razón a que el tal paro armado fue en protesta por las intervenciones de Estados Unidos en esta parte del mundo. Nada más ilógico.
Los cálculos preliminares están indicando además que son millonarias las pérdidas económicas que fueron ocasionadas en el país, especialmente en el área de transporte que tuvo que dejar de operar por temor y amenazas, y además que nadie va a compensar, ni siquiera estos armados ilegales que viven esencialmente del tráfico de drogas, de la minería ilegal, del secuestro y de la extorsión. Y si en el país se tiene que padecer esta presencia, en las regiones otros tipos de inseguridad también están haciendo de las suyas por cuenta de delitos como el homicidio. Esta semana en Manizales ya se sobrepasaron los asesinatos del 2024. Se tienen registrados 34 muertos por hechos violentos en lo corrido del 2025, frente a 27 del 2024.
Ciudadanos atemorizados y con una percepción negativa de la seguridad es lo que empieza a predominar en calles y barrios, contrario a la satisfacción expresada durante mucho tiempo por la tranquilidad que se ha vivido. La seguridad es de los elementos más valiosos y atractivos que se pueden tener, no se puede dejar deteriorar y hay que hacer todo lo que esté al alcance para mantenerla. Es deber de la Alcaldía, la Policía y todos los organismos de seguridad evaluar en profundidad la razón de estos homicidios para evitar que crezca más esta tasa, pues por lo menos cinco muertes de este año fueron producto de sicariatos comprobados. Además de homicidios por riñas, violencia física contra la mujer, peleas callejeras y disputas entre grupos de microtráfico.
El avance que se ha permitido a guerrillas y organizaciones ilegales en varias zonas del país por ausencia del Estado y de acciones para enfrentarlas decisivamente no se puede dejar replicar en todas las ciudades. Manizales está a tiempo de evitarlo, y aunque es deber de todos como sociedad, son las autoridades las que tienen los medios para hacerle frente a la delincuencia.