Pasada la calentura política por la no aprobación de la consulta popular que promovía el Gobierno nacional ante el Senado de la República es hora de asumirlo con cordura. Tanto quienes se sienten perdedores, como los que se asumen ganadores por el resultado en el recinto donde se deben tomar las decisiones deben tener la grandeza suficiente para que se reaccione dentro de los mecanismos democráticos y se le baje también el tono a las declaraciones, para mantener la discusión en el plano dialéctico y no propiciar nuevos conflictos que el país no necesita.
Hay que recordar que quienes consideran que hubo alguna irregularidad con el trámite y votación de esta propuesta en el Senado, que terminó, como era previsible, con un resultado apretado (49 votos por el no y 47 votos por el sí), pueden acudir a la justicia Contenciosa Administrativa en busca de su razón. Por ahora la medida goza de presunción de legalidad y así debe entenderlo todo demócrata. Por fortuna en Colombia, como lo determina la Constitución, sigue habiendo separación de poderes, cada uno con autonomía e independencia para actuar y decidir en legalidad, y si se transgrede, hay organismos para investigarlo.
Hay que decir que la reforma laboral del Gobierno Petro (que abarca los 12 aspectos por los que se buscaba preguntar en consulta) tiene una nueva oportunidad porque el mismo Senado aprobó con 68 votos una apelación y con ello revivió el trámite de esta reforma. La Comisión Cuarta la discutirá de nuevo en un tercer debate, de cuatro que debe surtir para que llegue a ser ley. Es una oportunidad para que todos los sectores se sienten a buscar consensos por una buena reforma en pos de los trabajadores y sin menoscabar la tarea de los empresarios, que resulte beneficiosa para todos.
Ojalá el presidente Petro, de regreso de su viaje a China, esté en una tónica más reposada y no tome decisiones a la ligera. En una corta alocución desde el exterior le pidió al Senado poner de nuevo en votación la consulta, lo que ya no es posible, y solicitó la inmediata reunión en cabildo abierto de centrales obreras, coordinación campesina, juntas de Acción Comunal, comités juveniles y movimiento indígena para que “den el paso siguiente”. El llamado a la movilización es un derecho constitucional, mientras se mantenga el orden público y se haga sin afectar los derechos de los otros. Esperamos que el Gobierno sepa liderar unas protestas pacíficas y alegres, como se ha dicho.
Esta decisión debe servir de punta de quiebre para romper la polarización y entender que efectivamente el país necesita algunos cambios, pero estos no se pueden imponer o hacerlos solo con el parecer de una facción gobernante. En democracia se requieren decisiones que beneficien al mayor número de personas posibles, siempre con respeto por la democracia y las instituciones, que son nuestras fortalezas y se deben proteger. El hundimiento de la convocatoria debe servir para iniciar el diálogo social que tanto necesita el país. Por eso, es momento de apaciguar la polarización buscando rutas de inclusión de todas las posiciones para construir juntos lo que más le convenga a Colombia y los colombianos.