El mundo vive tiempos de agitación geopolítica, y además, cada tanto, hechos de gran convulsión por decisiones de gobernantes que parecen entender que por el hecho de asumir el mando de un país los convierte en una especie de todopoderosos, aunque saben que integran sistemas políticos conformados por poderes públicos, cada uno con independencia y autonomía. Está sucediendo a nivel global, pero en todas las zonas de América parece haberse convertido en un fenómeno regional que se repite y se expresa a través de riesgosas manifestaciones, a pesar de ser gobiernos que representan diferentes corrientes políticas.
Venezuela mantiene el peligroso régimen impuesto por Maduro. Estados Unidos intenta ejercer dominio económico mundial bajo imposiciones arancelarias y sociales ordenadas por Trump. Colombia sostiene la peor polarización política de su historia y le ha tocado padecer las imposiciones de Petro con sus reformas a como dé lugar y dejando de reconocer que existen ramas del poder, instituciones y gremios. Se suma recientemente Ecuador, donde Noboa lideró con todo su Gobierno una marcha ciudadana contra la Corte Constitucional por la suspensión provisional de 17 artículos de tres leyes impulsadas para asuntos de inteligencia, solidaridad nacional e integridad pública. En la jornada hubo vallas con los rostros de los jueces constitucionales, responsabilizándolos por las muertes violentas del 4 de agosto, cuando ocurrió la suspensión.
Esta Corte de Ecuador deja claro que todavía no toma una decisión de fondo sobre las leyes que fueron demandadas por organizaciones sociales y sindicales, considerando que son inconstitucionales porque estarían violando derechos fundamentales. Dice además la Corte que el escenario en el que se debe debatir la constitucionalidad es en audiencias públicas que comenzarán hoy. No obstante, el Gobierno de Noboa se defiende asegurando que son leyes que buscan combatir la violencia y la inseguridad y desarticular economías ilícitas relacionadas con el crimen organizado. Las críticas han recaído en Noboa porque no está facultado para ejercer control sobre las determinaciones de dicho tribunal, que goza de independencia del ejecutivo.
Entendible además que organismos internacionales hayan salido a rechazar las actuaciones de Noboa, sobre la base de que la Corte de Ecuador es garante constitucional y de la protección de los derechos fundamentales; y sus miembros no tienen por qué recibir presiones políticas, represalias, ni ser sometidos a estigmatizaciones o amenazas. Importante que estos organismos también se hubiesen pronunciado en su momento en Colombia por hechos similares en los que el Gobierno Petro ha intentado estar por encima del legislativo y del poder judicial.

A este tipo de situaciones llevan los gobiernos absolutistas; dividen enormemente los países y ponen en riesgo sus democracias, que son las que promueven los consensos como forma de resolución de conflictos. Como país vecino, se espera que Ecuador logre resolver pronto esta situación por vías institucionales, como se deben hacer las reformas, pero además con diálogos y debates con argumentos. Es cierto que en los últimos años Ecuador ha estado sometido a una violencia propiciada por grupos dedicados a la delincuencia, actuando incluso desde las cárceles, pero las soluciones no pueden provenir más del caos y menos pasando por encima de derechos humanos o imponiendo leyes sin control y por fuera de las normas.