También será muy importante que las universidades públicas del país hagan visible hacia la comunidad la forma como distribuyen cada peso de estos recursos públicos y en qué los están gastando. Se trata de dineros de todos los ciudadanos y también asiste el derecho a saber cómo los están invirtiendo en la educación.
En un paso importante, mas no el definitivo, para el fortalecimiento de la educación superior pública en Colombia se convierte la reforma que aprobó el Congreso de la República de 2 de los 144 artículos de la Ley 30 de 1992. Esta es una lucha que lleva décadas, sobre todo desde los movimientos estudiantiles y de rectores, buscando garantizar más recursos, reglas justas de financiación y sostenibilidad del sistema. Lo que cambian estos dos artículos es la forma como se calcula el incremento anual de las universidades públicas de dineros procedentes del Presupuesto General de la Nación, tomando como base el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) del DANE, ya no con el Índice Precios al Consumidor (IPC) como se hace todavía.
Se espera que a partir del 2027, cuando entrarán a regir en firme estos cambios, la relación presupuesto sobre matrícula deje de ser desigual; toda vez que lo que llevó a solicitar el cambio en el articulado es que mientras la matrícula creció de forma acelerada, los recursos lo hacían por debajo, y con ello se ha venido afectando la calidad, la cobertura y la sostenibilidad de las universidades. Desde el Sistema Universitario Estatal (SUE) se estima que esto ha ido llevando a las universidades a cargar con un déficit que puede estar por los 17 billones de pesos, o sea lo que las instituciones han dejado de recibir.
En ese sentido también será muy importante que las universidades públicas del país hagan visible hacia la comunidad la forma como distribuyen cada peso de estos recursos públicos y en qué los están gastando. Se trata de dineros de todos los ciudadanos y también asiste el derecho a saber cómo los están invirtiendo en la educación. Es una forma de cuidar que se haga un buen manejo de los recursos, por ello no debería ser molesto para las instituciones la obligatoriedad de hacer ejercicios de rendición de cuentas hacia la población en general, no solo internamente o para cada estamento.
Contar con más recursos se tiene que empezar a ver muy rápido en programas y mayores inversiones, según las necesidades establecidas por cada universidad en el plan de desarrollo que deben elaborar antes de su ejecución. En esa priorización de gastos es que se debe notar para qué fue aprobada esta reforma de los artículos. Además es un llamado al Congreso, al Gobierno y a los movimientos estudiantiles para que continúen buscando que sea una reforma más integral, no conformarse con que sea exclusivamente en lo financiero, que es vital para el funcionamiento, pero no lo único que va a fortalecer la calidad de la educación de los futuros profesionales.

A pesar de ser públicas y que se busca garantizar la educación superior como derecho, estas instituciones no deben olvidarse de seguir generando ingresos con la venta de servicios y otras actividades para no depender en un ciento por ciento del Estado. No se trata de desconocer que el Gobierno tiene deberes con quienes tienen menos recursos, sino de evitar que surja un sometimiento tan excesivo que limite la capacidad de autogestión y más bien les ayude a mantener unas finanzas más sanas.