El sesgo con el que el alto Gobierno de Colombia revisa las actuaciones non sanctas de sus coequiperos demuestra una vez más la necesidad que tenemos en el país de llegar a acuerdos fundamentales. No puede ser que situaciones similares en gobiernos de otra línea sean censurados con todo el peso, mientras que cuando se trata de quienes ahora ostentan el poder, se mire la manera de restarles la gravedad que tienen, como está sucediendo ante los hechos denunciados por los rigurosos colegas de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

Durante la semana han reaccionado algunos cuestionados, la propia Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Fiscalía General de la Nación y la Presidencia, pero es claro que los señalamientos requieren mucho más que pronunciamientos. Es necesario que se muestren resultados y se explique con claridad por qué denuncias hechas hace más de un año en los entes correspondientes no avanzan con la precipitud que deberían. Además, es necesario conocer quién, o quiénes, dieron las órdenes para ciertos nombramientos o cómo alguien que ejerce en la DNI termina como representante del presidente en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

Los colombianos tienen derecho a saber cómo se toman las decisiones para designar a quienes deben desempeñar el rol de ser investigadores para la inteligencia en Colombia. Porque sabemos que bajo el pretexto de la delicadeza de las informaciones que allí se manejan, se aprovecha para muchas veces sobrepasar los límites. Es evidente que la inteligencia no puede ser un asunto que se cuente con megáfono cómo se hace, pero tampoco puede ser una excusa para no rendir cuentas sobre asuntos que afectan los derechos de los ciudadanos. Lo que ha quedado en evidencia con las denuncias es que la opacidad que allí se maneja, como también sucedió en el antiguo DAS, es pésima consejera.

El Gobierno nacional, tuvo una pésima semana. Mientras el ministro del Interior perdió su demanda contra la defensora del Pueblo y la Fiscalía anunció que se vendrán medidas de aseguramiento para el presidente de Ecopetrol y un exministro, el Consejo Nacional Electoral confirmó que efectivamente la campaña Petro Presidente superó los topes electorales, asunto que requiere toda la atención, porque se está volviendo costumbre que eso suceda y no haya consecuencias para quienes incurren en tal irregularidad que claramente afecta el equilibrio que debe mantener el juego electoral. 

Tan acostumbrados como estamos a que el Gobierno Petro levante cortinas de humo para tapar la cantidad de problemas que se crea, era predecible que se iba a batir el argumento baladí de la persecución política, del sesgo ideológico de los otros. Qué curioso que cuando eran los que hoy gobiernan quienes estaban en la oposición, se batían a rabiar cuando esos mismos argumentos los usaban quienes estaban en el poder. Es una lástima que el sesgo ideológico nos impida establecer unos mínimos éticos como país, y entre estos debería estar en el primer lugar, el rechazo a la corrupción venga de donde venga, pero parece que eso se ha vuelto mucho pedir.