El poder intimidatorio que detenta el Eln sigue haciendo estragos en algunas regiones de Colombia por la conveniencia para ejecutar allí sus economías ilícitas, donde están la producción y el tráfico de drogas y la minería ilegal. Esto es posible a través del porte de armas y de sofisticadas formas de amenaza a las comunidades, que no les queda más que someterse, porque tampoco encuentran presencia del Estado que las proteja y defienda de acciones criminales.
Chocó está amenazado con el tercer paro armado del Eln este año. Desde hoy y por 48 horas, advirtiendo restricciones totales a la movilidad terrestre y fluvial. La gobernadora, Nubia Carolina Córdoba, asegura que son nueve paros y bloqueos obligados, los otros sectorizados en algunas regiones, pero todos que ponen en riesgo a las comunidades y las privan del goce de sus derechos. ¿Qué otras actividades está realizando esta guerrilla del Eln durante esos paros, sin ciudadanos circulando, sin autoridades presentes, y con todo un territorio despejado para desplazarse a su antojo?
También hay que cuestionar al Ministerio de Defensa sobre por qué, conociendo de estas actividades irregulares, anunciadas previamente incluso, se sigue permitiendo que el Eln sume ya tres paros armados en solo siete meses sin que el Ejército le haya puesto coto a estos guerrilleros. ¿Lo que faltan en el país son hombres en las Fuerzas Militares?, ¿lo que hay es desgaste institucional y carencia de dotación para enfrentar de manera estratégica a los grupos ilegales?, ¿o lo que está pasando es que el Gobierno nacional permanece inerme frente al Eln sin tomar decisiones de fondo para contrarrestar como debe ser las incursiones guerrilleras?
Chocó, vecino del Eje Cafetero, también tiene que ser protegido, igual que el resto del país. No puede haber exclusiones, ni mucho menos tratamientos de primera y de tercera, según sea el caso y la región. La Defensoría del Pueblo alertó que las poblaciones chocoanas se pueden afectar en el acceso a la salud y a alimentos, pero además que podrían darse confinamientos al imponerse el Eln impidiendo el desarrollo de actividades cotidianas y amenazando a quienes no cumplan. ¿Alguien o cualquier entidad del país se ha detenido a establecer el costo real de tener que suspender todas o buena parte de las labores de un departamento porque un actor ilegal lo ordena?
Pero además, quién se ha preocupado por evaluar lo que está ocasionando en la psique de todas estas personas, que son colombianos de todas las edades y condiciones, al tener que someterse a lo que les ordena una guerrilla y vivir con el miedo y el temor de que pueda desencadenar en una crisis humanitaria en Chocó como la que sigue viviendo el Catatumbo. Con desfachatez, el Eln dijo que este paro armado lo hace por una supuesta “grave situación humanitaria y el avance del terrorismo de Estado” refiriéndose a presuntas incursiones del Ejército con paramilitares del Clan del Golfo que también hacen presencia. Por algo el presidente Petro, dijo en su discurso de instalación de sesiones del Congreso que la paz sigue siendo una deuda de su Gobierno. La deuda también es con las comunidades amenazadas.