Empezar a otorgar transporte subsidiado en Manizales para estudiantes de estratos uno, dos y tres que cursen en colegios, educación terciaria y universidades públicas y privadas se tuvo que retrasar. La Alcaldía tenía previsto que entrara en vigencia el martes con el cable aéreo, el único que por el momento opera con recaudo electrónico, y con el ánimo de beneficiar a unos 14 mil estudiantes cuando esté en vigencia en el resto de medios de transporte público colectivo, pero quedó suspendido por un fallo del Tribunal Administrativo de Caldas que declaró inválidos dos artículos del proyecto de acuerdo 1193, con el que esta medida tomó vida jurídica tras la aprobación del Concejo en mayo.
El problema radica, según argumentos del Tribunal, en que se dejaron de tramitar las vigencias futuras necesarias que garanticen la financiación de este subsidio de transporte en los años 2025, 2026 y 2027 para poder considerar válidos ambos artículos. La situación fue detectada por la Gobernación de Caldas en el proceso de revisión de legalidad que les hace a los acuerdos municipales del departamento, y que demandó ante el Tribunal porque solo se estaba comprometiendo el 30% y no se dijo nada en relación a las fuentes específicas de financiación para el resto de recursos.
Por qué ni la Administración ni el Concejo, que tienen oficinas jurídicas y personal que conoce de hacienda pública, no detectaron que al proyecto de acuerdo le estaba haciendo falta este requisito que hizo frenar la puesta en marcha del beneficio de transporte para estudiantes. A las corporaciones públicas y a los gobiernos se les pide celeridad en sus actuaciones, pero nunca que lo hagan pasándose las reglas. ¿Será que los proyectos de acuerdo, por la premura de aprobarlos, se están dejando sin el estudio suficiente y sin el lleno de requisitos, que fácilmente se convierten en problemas no solo de forma sino también de fondo?
Está bien que la Alcaldía haya decidido no entrar en dilemas jurídicos, que lo que hacen es dilatar más estos procesos, y acate y respete el fallo del Tribunal Administrativo aunque entre sus consideraciones exponga que el Concejo está facultado para reglamentar servicios públicos y votar gastos locales, y que la financiación del subsidio corresponde a la Alcaldía en la liquidación del presupuesto de cada año. Anuncia que va a incluir las vigencias futuras y que durante este periodo de sesiones extra del Concejo, que fue ampliado a dos días más, presentará un nuevo proyecto apegándose a la decisión judicial.
Mientras tanto, los estudiantes y las familias siguen esperando ver cristalizada cuanto antes la tarifa diferencial de transporte público en la ciudad, que es de los gastos más elevados en la canasta educativa. En la apuesta de construir en Manizales una verdadera vocación educadora hay que apuntarle a más beneficios como este, que le otorgan un plus frente a otras ciudades y la hacen más atractiva. No debería ser tan difícil que todos los sectores lo entiendan, incluyendo el de transporte, porque si este tipo de cosas empiezan a ocurrir en la ciudad ganamos todos.