El pago de valorización ha servido en Manizales para hacer grandes obras como las avenidas del Centro y Kevin Ángel, los túneles del Batallón, la intersección vial estadio Palogrande-Palermo, la remodelación de la Plaza Alfonso López con sus vías elevadas y deprimidas, entre muchas otras que hoy son obras en funcionamiento que han permitido ir modernizando la ciudad y a las que los alcaldes le han apostado como un mecanismo expedito para la ejecución de sus iniciativas. En esta capital, la valorización ha sido una especie de gana-gana en el que las partes vinculadas a un proyecto han salido beneficiadas.
Los ciudadanos, convertidos bajo esta figura en contribuyentes de los proyectos, logran aportar recursos para su desarrollo y obtener réditos representados en mejor movilidad, reducción en los tiempos de desplazamiento, incremento en los avalúos comerciales de las propiedades. Por su parte la Alcaldía, que siempre ha sido aportante de una parte de los recursos para la ejecución de estas iniciativas, ha logrado con ello motivar a los contribuyentes para que no sientan que están haciendo solos tamaño esfuerzo, sino que es compartido.
Por eso es tan importante que, ahora que la Alcaldía de Jorge Eduardo Rojas busca retomar este mecanismo para construir varias obras, los dueños de predios de las zonas de influencia que tendrán estos proyectos no busquen hacerle el quite a la contribución. Más bien se deben acercar al Instituto de Valorización de Manizales (Invama) para exponer sus inquietudes y buscar respuestas, especialmente en lo relacionado con el monto que se tendrá que pagar y los planes de pago para que la ciudadanía cumpla con esta obligación sin verse afectada. El Invama debe ser un puente abierto, porque en este momento de dificultades de la economía pagar valorización puede representar un doble esfuerzo para muchos dueños de predios, por eso se deben abrir las opciones posibles sin afectar la ejecución de las obras.
Pero también la Alcaldía, como proponente, debe considerar si bajo esta realidad económica debería, para la mayoría de los casos, aumentar el porcentaje de aporte financiero que hará. Ya desde lo político en el Concejo está tomando auge un rechazo para que el 70% del costo de las obras se traslade a los contribuyentes y el 30% quede bajo la responsabilidad de la Administración. El argumento, y con toda razón, es que a pesar de que el Municipio cuenta con recursos disponibles y créditos aún sin ejecutar está trasladando el grueso del costo a los ciudadanos. Esto debe evaluarlo la Alcaldía, de manera que no deje morir la confianza que existe en la figura de la valorización.

Pero el Concejo Municipal también es un actor social que está llamado a ayudar a generar claridades para que se puedan desarrollar los proyectos. Cuánto daño le puede hacer la politiquería al crecimiento de la ciudad, porque nada más antipopular que tener que pagar contribuciones o impuestos, pero cuando los dineros son invertidos de manera transparente, se terminan bien las obras y a tiempo y cumplen con el objetivo para el que fueron construidas, quien paga valorización lo ve como obras propias para las cuales tuvo el orgullo ciudadano y la satisfacción de haber colaborado para que sean realidad. Esa debe ser la meta.