A estas alturas, el presidente Petro sigue desconociendo situaciones que ya deberían ser de manejo normal en su Administración. Lo decimos por las declaraciones en contra del sector de la construcción, con el que se va a ir el 7 de agosto de este año sin poder concertar. Acusó a los constructores de indexar los precios de vivienda al aumento del salario mínimo decretado (23%), asegurando que es una práctica de “estafa” que debe ser investigada por la superintendencia. Olvida el presidente que en Colombia, por ley, la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIS) sí están indexadas al mínimo, que es el que fija los topes.
Por obvias razones, Camacol había reaccionado sosteniendo que el incremento desmedido del mínimo representa una alerta, porque de allí se desprenderán efectos negativos sobre el mercado de todos los tipos de vivienda, especialmente VIS y VIP. Entre los costos directos de la construcción aparecen la mano de obra, que representa el 35%, y aunque no todos los trabajadores ganan el mínimo, sobre los materiales de construcción también se vendrán las alzas ajustadas a la inflación que para este año se calcula estará entre 8% y 8,3% llevando todo esto a aumentos mayores para la adquisición de vivienda, aunque nunca a precios sobre el 23% que afectarían a las familias.
Sin embargo, el presidente Petro pidió sanciones, investigaciones e inclusive freno a subsidios estatales para constructores que incurran en estos incrementos, así los subsidios lleven congelados desde hace más de un año. Mi Casa Ya, que tanto éxito tuvo en gobiernos anteriores para que los colombianos de recursos bajos y medios pudieran adquirir vivienda propia, fue suspendido por orden del Gobierno nacional, representando un negativo retroceso para el sector de la construcción, que ha tenido que sortear todos estos embates. Entre ellos el desistimiento en el país de unas 25 mil familias para adquirir vivienda, debido a los problemas con este programa.
No es entonces lógico asegurar que los constructores están fijando precios para encarecer artificiosamente la vivienda, cuando llevan años tratando de sostenerse y de responder por los proyectos iniciados, muy a pesar de las dificultades que les ha impuesto el Gobierno para concluirlos. Otro sería el panorama en Colombia si el Gobierno, desde que llegó en el 2022, se hubiese acercado a este sector, lo hubiera escuchado y entre los dos habrían podido trazar un plan de construcción de vivienda en todo el país, que sigue teniendo un rezago importante en casi todos los municipios. No es lo mismo hablar de mejoramientos de vivienda, que es a lo que le ha querido apostar este Gobierno.
También se debe considerar siempre que la construcción es de los principales generadores de empleo en Colombia y que lo que hoy se tendría serían más personas ocupadas por mano de obra calificada y no calificada en los proyectos de vivienda, si se tuvieran en ejecución. El presidente tampoco puede olvidar que los precios de la VIS, como ha explicado Camacol, están definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y que se trata de límites máximos, no de aumentos automáticos. Todo un rollo que el propio Gobierno armó.