En Colombia se sigue perdiendo capacidad para proteger a la infancia y a la adolescencia. Produce escalofrío lo que advierte el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef): “En los últimos cinco años, el reclutamiento y utilización de la niñez en medio del conflicto armado en Colombia ha aumentado un 300%. En promedio, cada 20 horas, un niño, niña o adolescente es reclutado o utilizado para la guerra”. En noviembre se cumplieron 36 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero ¿qué tanto se les está garantizando?
La pregunta surge por el aumento en el reclutamiento de niños y adolescentes en manos de grupos armados al margen de la ley, que se les permitió extenderse a su antojo. Qué está haciendo frente a esta cruda realidad el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que en su función esencial de protección de la niñez es el llamado a intermediar y a exigir que guerrillas y grupos de delincuentes no terminen con la vida de los que apenas la están comenzando.
Más se ha hecho desde organizaciones extranjeras y de la sociedad civil para pedir enfáticamente que a la luz de las leyes colombianas y de los tratados internacionales se detenga este flagelo del reclutamiento forzado, casi siempre ejecutado bajo engaños y que deja familias incompletas y en medio del dolor y la angustia. Unicef asegura que entre el 2019 y el 2024 cerca de 1.200 niños y adolescentes “fueron sacados de sus hogares, sus colegios, sus comunidades para ser usados en la guerra”.
Ahora se suma que en medio de un bombardeo ordenado por el Gobierno nacional contra disidencias de las Farc, como lo debió haber empezado a hacer desde hace mucho tiempo atrás para combatirlas en el país, murieron 19 guerrilleros y entre ellos se encontraban siete menores reclutados que forman parte de un total de 15 que han fallecido en otros bombardeos en el segundo semestre de este año. Con toda razón Unicef pide apoyo vital para 14,1 millones de niños de América Latina y el Caribe que en el 2026 van a necesitarlo como consecuencia de la combinación entre pobreza, desplazamiento forzado, violencia armada, migración y desastres climáticos. Ahí están parte de nuestros niños y adolescentes violentados con este tipo de actos.
Contrarrestarlo debería ser una prioridad de los aspirantes presidenciales y de quienes iniciaron campaña al Congreso de la República porque entre ellos están los próximos encargados de gobernar y legislar en Colombia. No podemos seguir tan tranquilos conociendo cada tanto de la muerte de menores de edad reclutados, ni de niñas y adolescentes abusadas sexualmente por guerrilleros, o de esta población coaccionada para ayudar a delinquir en campos y en ciudades.

Niños y adolescentes deben ser objeto de protección especial, mucho más cuando las tasas de natalidad en el país cada vez son más reducidas. No se puede seguir truncando el futuro y los proyectos de vida de todos estos colombianos. Es hora de que el Estado haga algo efectivo para evitar que en las filas de los armados ilegales se tengan que seguir contando niños y adolescentes, cuando tendrían que estar gozando de lo propio de su edad.