Si los pies están bien puestos sobre las realidades colombianas hay que entender que será muy difícil para quienes generan empleo en el país que puedan sostener un incremento de dos dígitos (16%) en el salario mínimo durante el 2026, que es la propuesta de las centrales obreras y que el Gobierno quiere respaldar, al menos acercándose a esa cifra. La primera fase de discusiones en mesa de concertación terminó el lunes sin acuerdo, porque los empresarios se mantienen en el 7,2% bajo la consideración de que es un porcentaje que se adapta a la situación económica nacional sin lesionar otros procesos.
Tomar la vía populista para decidir sobre este aumento es no tener en cuenta el impacto negativo que puede ocasionar sobre la población. Son varias las tarifas cuyo valor se calcula con base en el mínimo o lo tiene en cuenta como un elemento para establecerlas además de la inflación anualizada. En este grupo están los arriendos, las matrículas de educación, los aportes sociales, servicios de salud como las cuotas moderadoras en las EPS, el transporte, varios artículos de la canasta familiar. Todo esto representará a su vez incrementos de los gastos de los hogares, por lo menos en la misma proporción del alza del salario.
Para las empresas trae un aumento de los costos laborales y se generan presiones inflacionarias. El año que viene ya estará rigiendo parte de lo que le aprobó el Congreso de la República al Gobierno nacional en la reforma laboral, relacionado con los incrementos en el pago de horas extras y el aumento de la jornada nocturna que van a ser excesivamente demandantes. El aparato productivo nacional, como indican analistas económicos, es pequeño y tiene problemas estructurales de productividad, competitividad, innovación, sofisticación y diversificación haciendo que la generación de empleo no crezca como el país necesita. Por ello cualquier cambio fuerte en el sistema laboral los golpea con facilidad.
Si la razón fundamental para incrementar desmesuradamente el salario mínimo es la necesidad de dignificar el empleo, o al menos hacerlo en condiciones más justas, por qué no estar pensando más bien en lo que se debe hacer para bajar el número de personas ocupadas en la informalidad laboral, que se calcula en por lo menos 13 millones, y son los que sufren el verdadero rigor de no contar siquiera con un mínimo, porque su salario es el que les da el rebusque en el día a día. Gran favor le harían las centrales obreras, el Gobierno nacional y los empresarios si de las mesas de concertación del mínimo saliera una cifra equilibrada para el momento económico y social, y además una fórmula innovadora para enfrentar la informalidad laboral, que se acerca al 45%.
El plazo para establecer el mínimo es el 30 de diciembre, antes de acudir a decretarlo a través de decisión presidencial, que resulta una medida impositiva como ya se ha hecho. Aunque es complejo, pueda ser que esta vez se logre llegar a un buen acuerdo, lo que quiere decir que ninguna de las partes salga perdiendo, ni los trabajadores ni los empresarios, que son los actores esenciales y la razón de ser de nuestro aparato productivo; sin uno no existe el otro y eso también lo debe entender y valorar el Gobierno nacional.