Recordamos por estos días que en el cambio de milenio Caldas pasaba por su peor momento de violencia en su historia. La presencia permanente de grupos guerrilleros como el Eln, Epl y las Farc y de paramilitares como las Autodefensas del Magdalena Medio y del Bloque Central Bolívar obligaron a incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas. El departamento era zona roja y, aunque desde el Gobierno central se ha insistido en hacerle creer al país que no fue tan severa la presencia de esos actores en nuestro territorio, la conmemoración de la toma del corregimiento de Arboleda, en Pensilvania, obliga a recordar el difícil momento que vivió nuestra región entre los años 90 y el 2006.

El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado que entre 1965 y 2013 se registraron en Colombia 1.775 incursiones guerrilleras en 569 municipios, siendo las Farc las responsables de la mayoría de estos actos violentos como parte de su estrategia de guerra. La arremetida contra pueblos fue una táctica para demostrar poder y control, asunto que cobró su peor momento en los años de la zona de despeje en el Caguán (1999-2002), generando un impacto devastador en muchas comunidades. Estas acciones han dejado cicatrices profundas en la memoria colectiva del país.

Como en casi todas las poblaciones colombianas, el templo es un símbolo de unidad. En particular el de Arboleda lo recuerdan sus habitantes porque se construyó con el esfuerzo mancomunado de personas que tenían que subir los materiales a la montaña desde el río y lo sentían como propio, para que en un acto desmedido que violaba todos los protocolos del Derecho Internacional Humanitario, el frente 47 de las Farc, comandado por alias Karina, destruyera este símbolo y decenas de edificaciones en este centro poblado, dejando una estela de muerte: 3 civiles, 14 policías y un desaparecido.

Después de ocho años de la firma de los acuerdos de paz con las Farc, comunidades caldenses como la de Arboleda siguen esperando la reparación de esa agrupación armada y la petición de perdón, mientras los cabecillas siguen evadiendo sus responsabilidades judiciales, con la venia de la Jurisdicción Especial para la Paz, que sigue sin producir alguna sentencia y no ha pasado de avances simbólicos y de exhumaciones en lugares clave. La lentitud de la JEP es un punto de preocupación que puede minar la confianza. El reto es lograr avances que demuestren su validez. Es vital que la sociedad civil vea resultados para creer en el proceso.

La paz es también reparación y justicia para las víctimas. Incluso verdad. Es necesario saber por qué las Farc decidió golpear a la población civil sin cautela alguna con sus acciones terroristas. Hay que recordar que municipios como Pensilvania, Samaná y Riosucio fueron de los que más embates sufrieron por la violencias del conflicto y por las Farc, particularmente, y no fueron incluidos entre los municipios priorizados para recibir la ayuda estatal. Siguen esperando.