La Asamblea y el contralor de Caldas, Juan Carlos Pérez, están enredados con un proyecto que él radicó para que le autoricen aumentar los salarios de la planta de 57 trabajadores en lo que corresponde a incrementos del 2025. No hay claridad técnica ni jurídica de a quién le corresponde hacerlo. La postura de la Asamblea es que la Contraloría tiene la facultad legal y la autonomía para aprobar el aumento salarial de sus empleados, sin superar eso sí el tope establecido para este año que es del 7%; por algo el contralor es el ordenador del gasto de este organismo y como tal debe actuar. En contraposición, Pérez, a pesar de que tiene dudas sobre la competencia, le traslada la función a la Asamblea.
Después de dos socializaciones de este proyecto en esa corporación, la primera fallida por falta de profundidad de la funcionaria que delegó Pérez para hablar de las bases jurídicas de la iniciativa, y la segunda que se desarrolló entre acaloradas discusiones y señalamientos del contralor hacia diputados que criticaron lo sucedido, el ponente solicitó conceptos al Consejo de Estado, Auditoría General y Procuraduría para tener claridades.
Pérez estará como contralor hasta el 31 de diciembre tras 17 meses en el cargo, ya que su elección, que debió haber sido para el periodo 2022-2025, terminó restándole 31 meses por demandas contra este proceso a cargo de la Asamblea. Ahora está en curso una acción legal de Pérez contra una nueva convocatoria pública para elegir al próximo contralor departamental, que podría mantenerlo en el puesto si falla a su favor.
Mientras los líos jurídicos se resuelven, más bien el contralor de Caldas debería concentrarse, en esta que es su recta final, en hacer con su equipo un ejercicio de control fiscal eficaz y eficiente, que por fin arroje resultados concretos sobre asuntos que preocupan en el departamento y sobre los que algunos diputados han reclamado con justa razón, como el plan de vivienda, proyectos de infraestructura vial fallidos en la Gobernación de Caldas, decisiones administrativas irregulares de alcaldes y exalcaldes de lo que no se ha pronunciado, siquiera para anunciar indagaciones o apertura de investigaciones que establezcan hallazgos, responsables y se puedan recuperar dineros que parecen perdidos.

En el 2013, siendo Pérez personero de Manizales, promovió en el Concejo un proyecto de acuerdo con el que aumentó el salario a 26 funcionarios de la Personería, que oscilaron entre 9% y 11,06%. En el 2014 hizo lo propio para que ese Concejo le aprobara un proyecto de modificación de la planta de personal de la entidad, con el que creó 9 cargos, 5 del nivel asistencial y 4 del nivel profesional. Estuvo hasta el 2016 tras dos periodos consecutivos. Fungía como presidente del Concejo en el 2014 Hernán Alberto Bedoya, que hoy es el presidente de la Asamblea de Caldas, de quien se espera guíe acertadamente los debates con este nuevo proyecto de ordenanza para que no se vaya a caer en alguna irregularidad por andar a la carrera.