El fallo de la Corte Constitucional que prohíbe las corridas de toros en Colombia marca un punto de quiebre en la historia cultural de ciudades como Manizales, donde la tauromaquia es tradición, identidad y oportunidades económicas. Lamentamos esta decisión, no solo por lo que implica en términos de libertad cultural, sino por sus consecuencias económicas y sociales. Obviamente hay que acatarla y respetarla, pero no por eso podemos conformarnos. Se abren muchos interrogantes que nos obligan a pensar en esta capital otros escenarios.
LA PATRIA ha defendido siempre el derecho de los ciudadanos a decidir sobre los espectáculos que quieren ver. Creemos en el debate, no en el veto. El prohibicionismo absoluto, lejos de resolver tensiones, las profundiza. Hoy, miles de familias que dependen directa o indirectamente de la temporada taurina enfrentan un futuro incierto: ganaderos, toreros, empresarios de plazas, hoteleros, comerciantes, artesanos, y tantos otros que hacen parte del ecosistema taurino, quedan en el limbo. Lo habíamos advertido, incluir en la ley solo las corridas de toros era odiosamente discriminador. Hoy, esos congresistas que votaron contra la tradición taurina, pero protegieron las riñas de gallos y las corralejas, se dan cuenta del tiro en el pie que les han dado a sus tradiciones regionales.
Por ello, instamos a los próximos congresistas a que asuman el reto de revisar esta decisión desde una perspectiva jurídica y promuevan una reforma constitucional que permita mantener este arte, al que acaban de ponerle fecha de caducidad. Es necesario abrir el camino hacia una reforma que respete la diversidad cultural del país y permita que las regiones decidan sobre sus prácticas tradicionales, dentro del marco de la legalidad. La riqueza de Colombia está en esa pluralidad de expresiones.
A la Alcaldía de Manizales le corresponde, con urgencia, diseñar y ejecutar un plan de acción que mitigue el impacto económico de la no realización de la temporada taurina a partir del 2028. Sabemos que ya se trabaja para formar artesanos que hagan carrozas innovadoras que atraigan público, pero difícil será remplazar la afición taurina, consumidora y exigente. No hay tiempo para largas y no basta con lamentar la pérdida: hay que actuar. Los sectores afectados necesitan apoyos concretos, rutas de transición que no los dejen a su suerte, incluido el Hospital Infantil de la Cruz Roja. La cultura también es economía, y Manizales no puede darse el lujo de ignorarlo.
Al Gobierno nacional, le preguntamos: ¿dónde están los apoyos prometidos para los sectores que hoy quedan desprotegidos? ¿Qué medidas se contemplan para los ganaderos que han criado toros bravos durante generaciones? ¿Qué alternativas se ofrecen a los toreros, a los empresarios de plazas, a los hoteles que llenaban sus habitaciones durante la Feria de Manizales? La decisión de la Corte no puede convertirse en abandono institucional.
Como escribió el muy taurino Alfredo Molano Bravo: “La lucha por la libertad de acudir a los toros es también una lucha contra la opresión”. Este editorial busca abrir caminos. La cultura ni se impone ni se cancela: se dialoga. Y en ese diálogo, Manizales tiene mucho que decir, sobre todo, para no dejar solos a quienes hoy ven tambalear su sustento y su historia. Que siga el debate.