La situación con los grupos armados ilegales, las guerrillas, no está fácil en Colombia. En menos de un año se han tomado tantas largas que ahora inaguran obras de infraestructura como escuelas, colegios, puestos de salud, vías, puentes; patrocinan la compra de ambulancias, instalan sus banderas en zonas urbanas de Bogotá y espacios públicos de Cali, difunden abiertamente su publicidad, instalan y cobran peajes comunitarios; en fin, pareciera que el control gubernamental desapareció y estos grupos quedaron con patente de corso para actuar a su antojo.
Lo que es más doloroso de toda esta preocupante situación es que en el país el reclutamiento ilícito, en su mayoría forzado, se haya convertido en el principal delito que esté afectando los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Cifras de este año, reportadas por la Policía Nacional, indican que han conocido 101 casos, especialmente en los departamentos de Cauca, Nariño, Caquetá, Meta y Tolima valiéndose de menores de edad que se encuentran en condiciones de deserción escolar, entornos disfuncionales, asentamientos ilegales y altos índices de pobreza para vincularlos a sus filas.
Dónde quedaron el Ejército, la Policía, el Ministerio de Defensa, el ICBF, las alcaldías, las Juntas de Acción Comunal, los padres de familia. En qué momento nuestros menores de edad dejaron de ser una prioridad por proteger. Desde cuándo la norma ya no es darles bienestar, educación, brindarles espacios para jugar, recrearse, crecer. Qué tipo de mentes son las que están definiendo que los niños, las niñas y los adolescente colombianos están para manejar armas y portarlas, para cumplir el rigor de las milicias, para cometer actos ilegales, para protagonizar confrontaciones, para servir de complices en delitos, para abusar de ellos en su sexualidad y en su integridad.
Si las autoridades conocen el modus operandi de estos ilegales por qué no actúan para frenarlos, qué o quiénes los están deteniendo y bajo qué intereses. Lo que están cometiendo son atrocidades, privando de sus derechos constitucionales a quienes reclutan por medio de ofrecimientos económicos, entrega de regalos y ayudas, de la instrumentalización a las comunidades con teorías de lucha contra la desigualdad entre clases sociales, redes sociales, engaños, pagos, promesas de un mejor futuro; pero también abusando del poder que tienen ya en muchas regiones y empleando sus armas y sus amenazas para llevarse a la fuerza a los menores de edad.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el aumento del número de frentes y celulas armadas de las disidencias de las Farc y del Eln, y la Policía sabe que además de estos, las autodefensas y otros grupos ilegales están reclutando menores para engrosar sus filas. Caldas no está entre los departamentos más afectados con estas horrendas prácticas, pero como está la situación fácilmente podría llegarnos, cuando ningún niño, niña o adolescente colombiano tiene que estar padeciendo semejantes barbaridades.