En los albores del 2016, en el Gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia esperaba la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto armado con las extintas Farc, tras unos 50 años de guerra continua que desangraba al país. Mientras unos miraban con beneplácito este proceso iniciado en el 2012, otros lo rechazaban por considerarlo carente de elementos para construir una verdadera paz estable y duradera y, sobre todo, para reparar a las cientos de miles de víctimas de esa agrupación. El acuerdo se firmó finalmente en noviembre de ese 2016 y una década después falta mucho para cumplirse.
La Contraloría General de la República, desde la Delegación para el sector justicia, ratifica lo que advirtieron muchos, que las Farc no han entregado los bienes a que se comprometieron para la reparación de las víctimas, entre ellos dinero, oro y semovientes, y hoy tampoco hay forma de reparar a quienes sufrieron su yugo. Según lo estipulado en las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hay una desfinanciación del 83% que llega a $101 mil 858 millones; es decir que durante todo este tiempo solo han entregado el 17% del dinero establecido.
Por qué todas las entidades del Estado colombiano, responsables de este proceso, permitieron que transcurrieran casi 10 años para aceptar que los firmantes del acuerdo lo estaban incumpliendo. Adicionalmente la Sociedad de Activos Especiales estableció que los exmilitantes de las Farc entregaron 450 mil dólares, entre los cuales había 1.500 falsos. A partir del 2018, convertidos en partido político, hoy Comunes, sin ningún reparo ni recato con la sociedad estos exmilitantes aceptaron las curules en el Congreso de la República y gozan de los beneficios de ser congresista hasta este 20 de julio.
Ningún acuerdo de paz es entendible ni se puede aceptar si deja por fuera a las víctimas, quienes llevan años también sufriendo los efectos de las violencias perpetradas por esta guerrilla y las que las siguieron. La historia de Colombia es la de procesos de paz mal realizados, lo que provoca un reciclaje de las guerras, como bien lo describió en su libro la periodista María Teresa Ronderos. No ha existido un adecuado proceso de verificación al cumplimiento del acuerdo en el país y así determinar con exactitud cuáles son los alcances y los incumplimientos.

Es lamentable que eso de poner a las víctimas en el centro del acuerdo no hubiera pasado de unos actos simbólicos. Las Farc se quedaron cortas en la reparación que debieron hacer y el Estado no actuó en debida forma para garantizar hacerse con los bienes de esa guerrilla, hoy parte de la cual sigue en el monte agrupada como disidencia, causando violencias contra los ciudadanos de a pie. A 10 años del proceso de paz, no se puede decir que todo es malo, pero en este aspecto si quedó faltando mucho por cumplirles a los colombianos víctimas de las Farc. Si esto se hubiese dado con rigor desde el inicio, hace 10 años, seguramente hoy Colombia no se estaría lamentando.