2 de julio del 2008, el Ejército de Colombia protagoniza una operación militar sin disparar una sola bala. La Operación Jaque, liderada por 17 hombres del Ejército, rescata a 15 secuestrados por las Farc, entre ellos Íngrid Betancur, 11 militares y 3 contratistas estadounidenses que llevaban en cautiverio cerca de una década. Por métodos de infiltración a esta guerrilla hicieron que los secuestrados y solo dos guerrilleros subieran a un helicóptero. A bordo redujeron a los rebeldes y les anunciaron a los secuestrados: “Somos el Ejército Nacional. Están libres”.
Recordar esta maniobra sirve para llamar la atención de la intervención esta semana del Gobierno norteamericano en aguas del Caribe cerca a costas de Venezuela. Las fuerzas estadounidenses, representadas en ocho barcos de guerra que transportan misiles, un submarino de propulsión nuclear, aviones y unos 4.500 marinos apostados allí desde finales de agosto, respondieron a la orden presidencial de Donald Trump de atacar una barca, según la Casa Blanca, procedente de Venezuela que llevaba drogas, con 11 narcotraficantes del Tren de Aragua que murieron en una explosión repentina.
Lo que para el Departamento de Defensa de EE. UU. fue un exitoso ataque de precisión, está siendo cuestionado en otras partes del mundo. Así sean narcotraficantes, cualquier acción para detenerlos debe estar basada en el acatamiento del derecho marítimo y del Derecho Internacional Humanitario. En este incidente no se hizo uso de la fuerza de manera proporcional y razonable, ni hay evidencia de que se hicieran advertencias previas a la embarcación sospechosa, que es lo de rigor. No haciendo uso de la fuerza letal como primera opción. Además, no se garantizó el debido proceso legal de defensa a los 11 que murieron en la explosión.
No se trata de encubrirlo. Hay que luchar contra los narcotraficantes, contra las organizaciones delictivas como el Tren de Aragua, contra los negocios ilícitos que están azotando a buena parte del mundo; tampoco es un llamado a proteger al régimen venezolano de Nicolás Maduro al que Trump relaciona con estos hechos. Claramente a lo que obligan estos casos es a cumplir principios internacionales establecidos, mucho más si hay personas de por medio. No se puede acudir a los mismos métodos que tanto se critican de gobiernos totalitarios como el de Maduro, para los que el derecho es una camisa a su medida.
La situación se torna más difícil con las declaraciones de Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., al asegurar que interceptar cargamentos de droga “ya no funciona” y que Washington volverá a atacar embarcaciones para disuadir el tráfico de narcóticos. La lucha contra el narcotráfico debe hacerse en lo posible de manera multilateral. Si bien es cierto que norteamérica tiene derecho a protegerse de este flagelo que amenaza la paz y la estabilidad mundial, no podrá lograrse si solo se trata de imponer la fuerza a la razón y a las leyes. Es necesario que todo se haga en el marco de la ley, solo así se gana legitimidad en las acciones que se tomen, y es la única forma de defender la democracia.