Lo que decida el Senado de la República en las discusiones que inició ayer sobre la viabilidad de la consulta popular del Gobierno Petro será determinante para Colombia. Le apunta a conseguir lo que no logró con la reforma laboral, hundida hace unos pocos meses. El debate no puede circunscribirse a la figura de la consulta, que se sabe legal bajo el amparo de la Constitución. Lo que debe concentrar esta controversia es que cada senador debería votar sin sesgos, anteponiendo la sensatez sobre lo que más le conviene al país. Todos los senadores deberían revisar si como está formulada esta consulta beneficiará realmente o perjudicará asuntos tan esenciales de la vida nacional como el empleo.
Esta advertencia que han hecho algunos sectores del país no puede asumirse de manera reduccionista, porque a cada senador se le debe permitir votar con libertad y sin presiones para buscar consolidar a como dé lugar unas mayorías que se requieren para que esta consulta pase a decisión de los ciudadanos en las urnas. Legalmente se requieren por lo menos 53 votos de senadores para conseguir ese visto bueno o hundirla; esta mayoría simple representa la decisión de la mitad más uno de los 105 senadores habilitados.
Se dice que habría un empate entre votos a favor de senadores gobiernistas y los de senadores de la oposición que están en contra. El desempate para esta consulta popular estaría recayendo entre 12 y 20 senadores, y el mayor riesgo es que se convierten en una fuerte posibilidad para que se pongan en práctica medios ilegales y además antiéticos para negociar los votos por contratos, cuotas burocráticas, dinero, y nada más oscuro que eso para la democracia. La ciudadanía y los organismos de control deben estar atentos para denunciarlo e investigarlo.
Solamente el costo que representaría hacer esta consulta popular, entre 700 mil millones y 750 mil millones de pesos según reveló la Registraduría Nacional, debe llevar a la reflexión y más si se considera que varias de las 12 preguntas que la integran ya son leyes de la República y se hace innecesario consultar por ellas. Si más bien se trata de reglamentar ciertas cosas, no se tendría que acudir a este mecanismo y el país se podría ahorrar ese dinero o invertirlo en otras urgencias sociales. De allí la ponderación que deben tener los senadores.
Lo que suceda con esta consulta no puede ser pretexto para que el Gobierno Petro, como ya lo ha insinuado, la emprenda contra senadores que voten en contra cargándoles una responsabilidad lapidaria y exponiendo su seguridad y la de sus familias a reacciones violentas de sectores gobiernistas, así como tampoco se incite a blandir sables y a agitar el país. El presidente Petro y su equipo no se pueden olvidar de que son los primeros llamados a preservar el orden y la seguridad, no están en campaña. Igualmente si el pulso político lo gana el sí, caso en el que los responsables de los efectos que esto traiga para la economía del país serán sus promotores.