Es evidente que es una estrategia de recaudo rápido del Gobierno, justo en un momento político en el país porque estamos en un año electoral y no le queda bien echar mano de este tipo de medidas para conseguir más recursos.
Gran preocupación hay en el país por la declaratoria de emergencia económica del presidente, Gustavo Petro, que llegó a la Corte Constitucional para revisión. En ningún colombiano deben recaer errores del Gobierno nacional, que por no haber sido previsivo y cauteloso en el manejo de los recursos públicos terminó el 2025 en una crisis fiscal por el desfinanciamiento del presupuesto nacional, que quedó en $546 billones, y el hundimiento de la reforma tributaria 2.0 que se pretendía para subsanar esta situación con el recaudo de $26,2 billones, pero sin el sustento financiero requerido.
El Gobierno comienza el 2026 acorralado por una crisis fiscal que busca resolver ahora decretando una emergencia económica, criticada porque el trasfondo real es implementar medidas tributarias que recaerán sobre la población para percibir los recursos que no se tienen. Esa sería la grave consecuencia de esta declaratoria, pero además legalmente lo que se discute es que fue expedida sin justificación, porque no sustenta desde lo normativo y lo legal, como se requiere en estos casos, que el país esté pasando por una crisis imprevisible, un hecho sobreviniente y extraordinario y que no se tengan las herramientas ordinarias para enfrentarla.
Estos argumentos, expuestos por expertos en hacienda pública, son los que han elevado ante la Corte para que suspenda la emergencia económica y los decretos que se desprendan de ella mientras se resuelve su validez, por presentar vicios formales e inconstitucionalidades que están poniendo en riesgo la norma de normas. Respetando la independencia y la autonomía de las actuaciones y decisiones de esta alta Corte, lo que se espera es que haga un pronto análisis sobre la legalidad y la constitucionalidad de este decreto y no permita que se ponga en funcionamiento por lo lesivo que sería en materia tributaria, ya que busca al menos $11,1 billones por medio de mayores impuestos al patrimonio, a los licores, a los hidrocarburos; aumentos del IVA a los licores y a otros productos; mayor sobretasa -del 50%- al sector financiero y mayor impuesto al consumo.
Es evidente que es una estrategia de recaudo rápido del Gobierno, justo en un momento político en el país porque estamos en un año electoral y no le queda bien echar mano de este tipo de medidas para conseguir más recursos; pero además es inaceptable hacerlo sin cumplir los pasos que en Colombia se requieren para que toda emergencia económica se convierta en ley y ser aplicada. Por algo se ha dicho que es una estrategia contra las regiones, que se verán fuertemente afectadas en sus finanzas y con consecuencias irreversibles, cuando, insistimos, la responsabilidad es de las actuaciones del propio Gobierno.

En todo acto, esencialmente del Gobierno nacional, debe primar la salvaguarda de la Constitución de 1991, que es la que nos rige y que además llama al Estado a proteger a sus gobernados, lo que no se cumpliría de entrar en vigencia esta emergencia económica. El Gobierno, contrario a estar generando esta incertidumbre y más improvisación, debería estar expidiendo medidas para mejorar el campo inversionista en el país y el funcionamiento del sistema económico nacional, que se enfrentan a un año que no es fácil.