El carácter mixto de la educación superior en Colombia no puede ser solamente una narrativa de Gobierno, está contenido en la Ley 30 de 1992 y como mandato legal se debe ejecutar. Que sea un sistema mixto representa que la educación es ofrecida por instituciones públicas y privadas bajo principios de autonomía, calidad educativa y un sistema de financiación que incluye tanto los recursos públicos como recursos privados. Deteriora la existencia de estos principios que se esté incumpliendo siquiera con alguno, porque van enlazados, y eso es lo que está sucediendo.

El Gobierno nacional habla del sistema mixto, pero no lo lleva a la práctica, como dijo esta semana el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), Óscar Domínguez: “En el 2024 el Gobierno generó 53 mil créditos para educación privada y este año solo 10 mil”. Esta reducción de 43 mil créditos otorgados a través del Icetex, como entidad estatal, representa que podrían ser 43 mil estudiantes que antes contaban con este apoyo para poder cursar sus estudios universitarios y este año muy seguramente no pudieron continuarlos o tuvieron que echar mano de créditos mucho más costosos.

Mientras no se modifique la Ley, el Gobierno no puede seguir siendo una talanquera que opere solamente para dejar continuar los estudios a alumnos de las instituciones públicas. En las privadas hay muchos estudiantes de estratos uno, dos, tres y cuatro sufriendo, no solo por la ausencia de créditos, teniendo en cuenta que más de la mitad dependen de préstamos; también por el poco apoyo financiero público que se les está otorgando a estas instituciones. “Los esfuerzos que tiene que hacer el Gobierno para mantener el sistema mixto no están puestos precisamente en apoyar la financiación de la educación privada en apoyo a la demanda. Está concentrado en la pública”, agrega Domínguez.

Con esto además, el Gobierno vulnera el derecho a elegir universidad, libertad de la que deben mantenerse gozando todos los estudiantes si lo que buscan y desean es cursar sus carreras en instituciones privadas, eso no puede entenderse como un pecado y por tanto castigar a los que hacen parte de ellas. Como tampoco es irregular que un joven de estratos altos quiera profesionalizarse en instituciones públicas porque ve allí más ventajas o cuenta con programas que no existen en las privadas. También se deben tener en cuenta datos como que la tasa de admisión en las universidades públicas es del 48%, frente a la de las privadas que llega al 82%.

No puede ser un afán desmedido del Gobierno tratar de estatizar la educación superior a como dé lugar porque es su interés. Tampoco puede ser excusa que el presidente, Gustavo Petro, sostenga que no se comprometió a financiar las privadas. Hay que saber diferenciar entre una promesa de campaña, siendo candidato, a lo que le dice la ley que debe cumplir ya como presidente. En el mundo, la mayoría de sistemas de educación superior combinan lo público con lo privado como forma de brindar una mejor experiencia de aprendizaje. De eso sabe muy bien Manizales, como ciudad universitaria de Colombia, es un camino que lleva años recorriendo con logros importantes que han sido exportados a otros departamentos. Se espera que el Gobierno ceda en sus consideraciones y no le aseste un golpe a la educación superior del país.